La división interna en el Consejo General del Poder Judicial respecto a la reforma de Gallardón que suprime los partidos judiciales e imprime cambios sustanciales en la organización y actividad de los jueces impidió ayer que el presidente y los veinte vocales del órgano colegiado se posicionaran, como estaba previsto, respecto al anteproyeto de Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado el 4 de abril por el Consejo de Ministros. La Comisión Permanente continuaba reunida a las once de la noche sin posibilidad de acuerdo inmediato pese a las más de diez horas de conversaciones y de forma excepcional sus integrantes decidieron posponer hasta el lunes la conclusión del informe debido a que hoy se celebra el pleno sobre la reforma del aborto y no podía aplazarse.
Desde el máximo órgano de representación de los jueces atribuyen la imposibilidad de acuerdo a la complejidad del texto legal y a su extensión, con 667 artículos a los que magistrados de toda España remitieron 1.400 alegaciones. También se consultó a las Fiscalías Superiores, los Consejos de Abogacía y las Juntas de Jueces, como la de Vigo, que remitió al Poder Judicial un demoledor informe en el que se alerta que dejar a la primera ciudad de Galicia sin una sede judicial autónoma podría ser "inconstitucional". También se hace hincapié en que Vigo quintuplica en asuntos a la capital de provincia, triplica su población y tiene una de la tasas de litigiosidad más altas de Galicia e incluso de España.
Los vocales del Poder Judicial tenían sobre la mesa la mayor reforma que jamás haya sufrido la carrera judicial y debían pronunciarse con un informe -preceptivo, pero no de obligado cumplimiento- sobre el que está considerado el proyecto estrella del Ministerio de Justicia para esta legislatura. A Vigo y otras grandes ciudades como Gijón, Elche o Cartagena, que no son capital de provincia y quedan relegadas como sedes subordinadas, le preocupa especialmente la opinión del órgano sobre el nuevo mapa territorial basado en las capitales, pero el texto planteado por Gallardón suprime además las juntas de jueces, la figura de los jueces decanos, impone límites a las opiniones de los magistrados, a la jurisdicción universal, modifica el reparto de asuntos e incluso el calendario laboral.
Se trata de una reforma de profundo calado que ha partido en dos la opinión de los vocales. El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, miembro además de la comisión de expertos que redactó el borrador de la ley, lidera el sector que entre otras cuestiones defiende la centralización de la Justicia en las capitales de provincia con la mera concesión de sedes "repartidas" o "delegadas" a localidades que por razones demográficas y económicas, como Vigo, tengan un peso específico. Así lo expresó el propio Lesmes, del ala conservadora del ente, el miércoles en unas jornadas en Burgos. "La nueva organización judicial debe tener en cuenta a las ciudades que tienen más población que sus propias capitales. Pontevedra es un buen ejemplo. Vigo tiene una dimensión, una población y una complejidad que posiblemente merece que tenga una sede allí el tribunal provincial de instancia. Pero la demarcación debe ser provincial. Esto ya sucede hoy con normalidad en Cádiz, cuya Audiencia Provincial tiene dos sedes desplazadas".
Enfrente se posicionaron desde que se conoció el contenido del anteproyecto los vocales más progresistas, que llegaron a pedir su retirada y que han logrado con sus argumentos que el debate tenga una segunda vuelta arropados como están por los informes de fuentes cualificadas como son el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o la Comisión Nacional de Jueces Decanos de España, todos ellos muy críticos con una ley que llegan a tildar de "mordaza" y a la que reprochan el renunciar por completo a una "justicia de proximidad".
La reforma suprime los juzgados de paz e impone un reparto provincial de los asuntos además de la centralización de recursos en las capitales, en nuestro caso Pontevedra. El plan ha sido duramente criticado por funcionarios, abogados, procuradores, plataformas sociales, todos los partidos de Vigo, incluido el PP, y la propia Xunta de Galicia, que en el informe enviado al Ministerio de Justicia reclama el reconocimiento al caso "singularísimo de Vigo".
La mayoría conservadora del Poder Judicial y el aval público que ofreció su presidente al texto de Gallardón apenas horas antes de la reunión hacían presagiar un informe más tibio del que reclama de forma unánime la carrera judicial, pero que después de once horas de reunión no haya acuerdo puede indicar que el equilibrio entre conservadores y progresistas y sus dos visiones de la Justicia es mayor del previsto al comiendo del día.
