El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia invalidó en 2006 y en 2009 las licencias de la urbanización de Finca do Conde desestimando los recursos presentados por la cadena de alimentación que gestiona el supermercado, la promotora y el Concello de Vigo. El complejo también contaba con sentencia firme del Tribunal Supremo por considerar desproporcionada la edificabilidad comercial, ya que el PXOM vigente cuando se tramitó el plan parcial, en 1998, indicaba que el uso principal del ámbito debía ser el residencial.
El nuevo Plan Xeral modifica estas exigencias y desde su entrada en vigor a mediados de 2008, Finca do Conde S.A -torres- e ING -centro comercial- se embarcaron en un largo proceso para regularizar la situación y evitar el derribo de un recinto en el que trabajan más de 1.200 personas y de 228 viviendas.
La plena legalización del ámbito retira de forma definitiva la losa económica que llegó a pesar sobre el gobierno local. En el año 2009 y cuando la solución se veía todavía lejana, Urbanismo estimó en 300 millones el coste de las indemnizaciones que se tendrían que pagar a los afectados al ejecutar la sentencia de demolición, porque a diferencia de otras urbanizaciones ilegales heredadas, el plan de Finca do Conde recibió en su día autorización municipal y podría haber tenido un coste millonario para las arcas municipales.
