El gobierno gallego no parece dispuesto a que la Plataforma Logística e Industrial de Salvaterra/ As Neves cumpla otra década convertida en un erial, como denunció ayer la oposición en comisión parlamentaria. A preguntas de PSdeG y BNG, la directora del Instituto Galego da Vivenda e Solo, Teresa Gutiérrez, había admitido que la Xunta no podía ofrecer "ni fechas ni proyectos concretos" para el desarrollo del macropolígono. Veinticuatro horas después de estas declaraciones, el presidente Feijóo garantiza que al menos la parte de propiedad autonómica -un 18% de tres millones de metros cuadrados- la desarrollará su ejecutivo "en solitario" y sin esperar a la respuesta de los otros dos socios en la gigantesca superficie -Zona Franca y Autoridad Portuaria de Vigo- a la propuesta de un convenio remitido "hace meses" para desbloquear la situación de estos terrenos.

La "nueva" propuesta de convenio referida ayer por el presidente Feijóo -el primero entre las tres partes se firmó en 2001- ya tiene en cuenta el cumplimiento de las sentencias relacionadas con las expropiaciones en el macrorrecinto ubicado en Salvaterra. Y según sus explicaciones, Zona Franca y Puerto ya la conocen desde hace tiempo. Así que, al término del Consello, dejó claro que "en el caso de que los centros de la administración del Estado no lo consideren oportuno [es decir, que desaprueben la propuesta], la Xunta continuará ejecutando en solitario su parte en la Plisan, que es el 18% de la superficie, 550.000 m2". En todo caso, el presidente autonómico mostró su convencimiento de que Zona Franca y Puerto darán su plácet a la propuesta de la Xunta para continuar con el desarrollo conjunto de la superficie, todavía sin urbanizar..

Negociación con los afectados

Precisamente, la Asociación de Afectados por la Plisan mantuvo su última reunión con los promotores del Puerto Seco hace quince días para exigirles el pago de los derechos mineros e indemnizaciones a los propietarios de la denominada zona MI, cuyos terrenos (1,1 millones de m2) quedaron fuera del plan sectorial tras una sentencia del Tribunal Supremo, que estableció que se trataba de zonas de especial protección forestal. El fallo judicial estipuló que los propietarios de la MI tendrán que ser indemnizados con un máximo del 25% del valor de su terreno.

Los afectados están dispuestos a negociar con los promotores y rebajar ese porcentaje si a cambio les pagan los derechos mineros, inicialmente valorados en 4,03 euros por metro cuadrado.