El Valedor do Pobo considera que la Universidad "incurrió en grave responsabilidad" al permitir la oferta pública de un título en Criminología "que no estaba en condiciones de emitir", circunstancia que además era "conocida" desde el momento en que empezaron a diseñarse estos estudios. En un informe emitido esta misma semana, insta al Rectorado a "esclarecer" los hechos, depurar responsabilidades y atender "con urgencia" las reclamaciones sobre el cobro de tasas indebidas, la calidad de la docencia y la composición de tribunales realizadas por estudiantes de Ciencias Policiales y Detective Privado.
Los afectados, que han constituido una plataforma, ya obtuvieron en marzo el respaldo del Tribunal de Garantías de la propia Universidad, que también concluyó que la institución ofertó el título cuando no era "ni posible ni factible".
El Valedor censura el "argumento falaz" remitido desde el Rectorado para justificar que en lugar del diploma de técnico en Criminología los alumnos recibiesen la acreditación de un curso de formación de técnico en Criminología. Este documento, al contrario del prometido, no es oficial ni conlleva habilitaciones profesionales.
La institución autonómica ratifica que los estudiantes recibieron una "información inexacta" y considera "grave" que la explicación de los responsables universitarios "no es veraz". "Los reclamantes exigen solo lo que la Universidad les ofreció. También por este título pagaron sus matrículas", señala José Julio Fernández en su informe, donde también hace constar que no recibió la información solicitada hasta el pasado marzo a pesar de que el expediente se abrió en noviembre de 2013.
Por su parte, el gobierno de Salustiano Mato podría hacer una valoración de la resolución del Valedor la próxima semana, una vez que pueda estudiarla con detenimiento pues entró en el registro ayer al mediodía. También se prevé que el rector vigués reciba en breve el informe reservado que se abrió hace unos meses para estudiar el caso y pueda tomar decisiones a tenor de sus resultados.
El colectivo de afectados aplaude el informe del Valedor, pero no descarta acudir a los tribunales. "Estamos satisfechos con el dictamen porque reconoce cada una de nuestras reclamaciones y considera que los argumentos de la Universidad no son válidos. Nos ofrecieron un título que no era legal y eso es un abuso, un fraude. Esperaremos unos días para ver qué sucede y si se reúnen con nosotros para darnos una solución", señalaba ayer Celso Paz, integrante de la plataforma.
Los estudios de Ciencias Policiales y Detective Privado comenzaron a impartirse en el curso 2005/2006 como un título propio y están en proceso de extinción desde 2009. Fernández Rodríguez destaca en su escrito que estas ofertas no oficiales de deben hacerse con "absoluto rigor y calidad" y que cualquier irregularidad repercute en el prestigio de las universidades.
También recuerda que en 2011 ya se recomendó al Rectorado vigués que dejase de utilizar las referencias "grado" y "graduado" en los estudios de Ciencias Policiales y de Diseño Textil y Moda porque podían llevar a confusión. Tres años antes, la Xunta había realizado la misma advertencia, pero el Valedor indica que a día de hoy Vigo sigue utilizando la denominación "graduado universitario".
Reprocha además la existencia de "cierto grado de improvisación" en torno al título en cuestión ya que, antes de concluir el primer curso, se dividió en Ciencias Policiales, por un lado, y Detective Privado, por otro, y los alumnos tuvieron que abonar casi 800 euros a mayores para obtener ambos.
Respecto a las irregularidades denunciadas por los alumnos sobre el proyecto fin de carrera, el Valedor pide a la Universidad que aclare por qué estudiantes de cursos sucesivos tuvieron que abonar "117 euros, 365 o nada", cuando además estaba en vigor un acuerdo de exención de tasas por este motivo. Y entiende además que el director y la coordinadora del título no deberían formar parte de los tribunales que evalúan trabajos dirigidos por ellos mismos.
Otras reclamaciones atendidas por la institución se refieren a la transformación de materias prácticas en teóricas o la reducción de horas destinadas a laboratorio, de hecho, algún alumno denuncia hasta 35, 8 créditos no impartidos, lo que supone 1.455 euros.
El Valedor concluye que los "elevados importes" que pagaron los afectados hacen "exigible el máximo rigor y transparencia" y concede un mes a la Universidad para dar cuenta de si acepta sus recomendaciones y qué medidas adopta.
