Desde que se conocieron las principales líneas del anteproyecto que pretende reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, el texto que promueve el ministro Alberto Ruiz Gallardón no ha dejado de recibir críticas y el rechazo prácticamente generalizado del sector judicial. En prácticamente todas las comunidades españolas ha habido manifestaciones de censura, tanto por parte de magistrados, fiscales, abogados e incluso colectivos sociales y económicos y formaciones políticas incluido el Partido Popular. Su decisión de reducir los tribunales de instancia para recuperar un modelo provincial que dejaría, por ejemplo, a Vigo sin partido judicial es una de las principales argumentos que explican el profundo malestar de la judicatura.
Sin embargo, la máxima expresión del rechazo a la reforma se la va a proporcionar el bloque progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este grupo de magistrados ha decidido que ni siquiera tendrá en cuenta el anteproyecto y exigirán al ministro de Justicia que lo retire de inmediato. Así lo expresarán en el pleno del CGPJ que aborde el asunto. Estos jueces advierten que si la mayoría conservadora del Consejo aboga por avalar el texto, ellos presentarán votos particulares en contra.
El CGPJ tiene la obligación de informar sobre esta reforma en ciernes y remitir sus conclusiones al Gobierno, pero su dictamen no es vinculante, por lo que el ministerio no tiene por qué atenderlo.
En realidad el informe lo elaborará la Comisión Permanente del Consejo, que preside el magistrado conservador Carlos Lesmes. Una vez listo, ese documento será debatido y votado por el pleno. Los jueces progresistas rechazan esta última posibilidad y plantean que el texto sea devuelto en su integridad a Gallardón para que lo rehaga.
