Todos los operadores jurídicos y las instituciones de la ciudad se niegan a que Vigo pierda competencias y quede tras la reforma del sector como sede "subordinada" de la capital de provincia. Hay unanimidad al respecto y los datos estadísticos avalan de forma inapelable que por demografía, peso económico y volumen de asuntos Vigo debe continuar como sede judicial autónoma con plenas atribuciones. Cuestión distinta es la extensión territorial que tendría la nueva figura del tribunal de instancia en caso de habilitarse uno en Vigo y otro en Pontevedra dividiendo en dos la provincia, como solicitan jueces, fiscales, abogados, procuradores, patronal, Club Financiero y colectivos sociales del municipio.
Los esfuerzos desde la ciudad olívica se centran en reivindicar un tribunal de instancia para el sur con capital en Vigo, sin que siquiera el pronunciamiento oficial de la junta de jueces el pasado jueves entrara a precisar el territorio que podría abarcar. Eso por ahora es secundario. Lo principal es que el Gobierno asegure la independencia de gestión y gobierno de Vigo, pero conviene revisar los planteamientos que al respecto se han hecho hasta el momento desde que ya hace dos años se empezó a debatir la necesidad de reordenar las demarcaciones judiciales.
Los jueces de Vigo aprobaron en 2012 una propuesta de demarcación judicial para Vigo que incorporaba los partidos judiciales de Tui, Porriño, Ponteareas y Cangas. Puesto que el anteproyecto de Gallardón apuesta por un modelo uniprovincial, solo cabría esperar un tribunal de instancia con sede en Pontevedra y, en caso de que se reconozca la excepcionalidad de Vigo, un segundo tribunal de instancia para todo el sur provincial.
La propuesta de la Junta de Fiscales del Área de Vigo es más concreta y proponía esta semana dotar a Vigo de una sede judicial autónoma cuya extensión se corresponda con los 14 municipios del área metropolitana y atienda a 535.000 habitantes, frente a los 341.000 del actual partido judicial. El resto de Pontevedra se organizaría en tribunales de instancia de ámbito infraprovincial para garantizar la proximidad del servicio a los ciudadanos.
Al margen de estos dos planteamientos, el texto que presentó el Gobierno el 4 de abril apuesta por un único tribunal de instancia en cada provincia con sede oficial en la capital. Se añade en la exposición de motivos de la ley que se "debe tender a la concentración en una sede de todos los efectivos judiciales", quedando Vigo y el resto de cabeceras de los actuales partidos judiciales como "sedes desplazadas" en las que permanecerían algunos órganos judiciales siguiendo criterios de especialización aún sin definir.
