Los jueces de Vigo se pronuncian de forma unánime contra el modelo uniprovincial que plantea Gallardón para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y defienden que Vigo continúe como demarcación propia y sede de un tribunal de instancia en base a las particularidades demográficas y económicas del territorio. El partido judicial vigués, como hasta ahora se organiza el mapa judicial, tiene tres veces más población que el de la capital de provincia, quintuplica su número de asuntos anuales y da cobertura a un tejido empresarial e industrial mucho más fuerte. La junta de jueces quiere alejar el debate del ámbito político y confía en que los datos objetivos del informe que enviarán a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y al Consejo General del Poder Judicial se reflejen en sus dictámenes.

El objetivo final es forzar una rectificación del Ministerio de Justicia para que reconozca la excepcionalidad de Vigo y permita a la ciudad mantener un partido judicial independiente a la infraestructura pontevedresa.

"Esta reforma nos preocupa porque además de la posible pérdida del partido judicial, implica un cambio radical en el funcionamiento de los tribunales", valoró ayer el juez decano, Germán Serrano, tras una junta de jueces "tranquila y breve" en la que todos respaldaron la necesidad de que Vigo permanezca como sede judicial "principal, autónoma e independiente jerárquicamente de la capital de provincia".

El juez decano actualizará el informe redactado en 2012 con la propuesta de los magistrados locales respecto a la nueva demarcación judicial. Al igual que entonces, los jueces de Vigo defienden que la opción más conveniente en términos operativos sería dividir la provincia en dos, de tal forma que Pontevedra acoja tras la reforma un tribunal de instancia y Vigo otro, dotados ambos de autonomía y con todas las jurisdicciones.

La junta de jueces rechazó el anteproyecto aprobado a principios de mes por el Consejo de Ministros y validó los argumentos del informe redactado en su día para avalar la "particularidad" del partido judicial vigués. El juez decano siempre ha argumentado que "Vigo es la capital sur de la provincia y, como tal, capital judicial del sur", además de "capital económica de Pontevedra y cabecera de una importante área metropolitana". El informe aprobado hace dos años y en el que sustentan ahora su posición apunta como la opción más "razonable y fructífera" que Vigo atienda los asuntos del sur de la provincia "en sintonía con otras demarcaciones administrativas". Se pone como ejemplo el área sanitaria, la administración tributaria o el Imelga cuyos ámbitos de actuación exceden incluso los del partido judicial.

El informe sobre la excepcionalidad del partido judicial vigués se remitirá al Tribunal Superior gallego y al Poder Judicial para que lo incorpore en su dictamen sobre la reforma que plantea Gallardón. El plazo límite para hacer llegar propuestas es el 16 de mayo y a partir de ese momento el Poder Judicial afirma no tener una fecha prevista para pronunciarse. Germán Serrano confía en que "se escuchen las reclamaciones de Vigo".

Los magistrados fijaron su postura apenas 48 horas después de que lo hiciera la Junta de Fiscales del Área de Vigo, que apoyan el reconocimiento de la excepcionalidad del partido judicial vigués y su continuidad como cabecera de un tribunal de instancia que atienda a los 14 municipios del área metropolitana. Los fiscales coinciden también en que el nuevo mapa judicial que concentra las infraestructuras y recursos materiales y humanos en las capitales de provincia "da la espalda a la realidad jurídica, económica y social de la provincia". Por ello reclaman reclaman en su acuerdo "autonomía de gestión y gobierno respecto a Pontevedra en términos de eficacia".