La Junta de Fiscales de la Fiscalía del Área de Vigo aprobó ayer una resolución en favor de la permanencia del partido judicila de Vigo cuya extensión territorial "se correspondería con la del área metropolitana": Baiona, Cangas, Fornelos, Gondomar, Moaña, Mos, Nigrán, Pazos de Borbén, O Porriño, Redondela, Salceda, Salvaterra, Soutomaior y el propio Vigo. Además de oponerse y mostrar su disconformidad con el proyecto de reforma del Poder Judicial del ministro Alberto Ruiz Gallardón que elimina los partidos judiciales para crear un único Tribunal Provincial de Instancia con sede en la capital, los fiscales abogan por crear juzgados infraprovinciales atendiendo a volumen de asuntos, número de poblacion, juzgados ya existentes y sedes de secciones de la Audiencia Provincial y a su extensión geográfica.

Los fiscales de Vigo defienden la permanencia del partido judicial al considerar que el proyecto legislativo "es contradictorio y opuesto a leyes recientes que recogen la necesidad de contemplar estructuras integradas en el poder judicial de ámbito inferior a la provincia". Ponen como ejemplo la reforma del Estatuto fiscal de 2007 que advirtió la necesidad de crear Fiscalías infraprovinciales en determinados partidos judiciales en los que se cumplieran una serie de requisitos, surgiendo en ese momento la Fiscalía de Area de Vigo, precisamente para dotar de mayor autonomía de organización y gestión a una fiscalía con un número elevado de asuntos, de determinada plantilla y que extendía sus funciones a un amplio territorio y una elevada población.

Consideran además que "es obvio, por tanto, que en Vigo y en toda su área metropolitana, cuyo destino natural sería integrarse en el partido judicial propio, alcanzando los 535.000 habitantes, se precisa de autonomía de gestión y gobierno". "Entre estos supuestos incluíamos obviamente al partido judicial de Vigo, por su número de habitantes que alcanza los 300.000, por ser el mayor generador de asuntos de todos los órdenes jurisdiccionales, no sólo en el orden civil y penal sino también en el orden social y mercantil, ya que tiene un tejido empresarial y mercantil mucho mayor al del Partido Judicial de Pontevedra y al resto de partidos Judiciales de la Provincia", aseguran los fiscales.

Consideran los fiscales de Vigo que la desaparición del partido judicial supone "dar la espalda a la realidad jurídica , económica y social de la provincia".

En segundo lugar, la Junta de Fiscales considera que este proyecto "se formula de espaldas a una ya consumada concentración de otros servicios de la administración, sin que se acierte a comprender por qué Justicia "va por libre". El criterio seguido para diseñar otras áreas de actuación administrativa tuvo en cuenta Tui, O Porriño y Ponteareas para vincularlas a Vigo. Pone como ejemplo el ámbito de competencias de la Delegación Territorial de la Xunta en Vigo, que comprende los ayuntamientos de Nigrán, Baiona, Fornelos de Montes, Gondomar, Pazos de Borbén, Mos, O Porriño, Redondela, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Soutomaior, Vigo, Cangas y Moaña. También señala la Ley del Área Metropolitana de Vigo cuyo ámbito territorial integra estos mismos concellos y cuya capitalidad reside en la ciudad olívica.

"Parece por tanto, de todo punto razonable que el eventual y futuro partido judicial de Vigo se corresponda, en la mayor medida posible, con la extensión territorial que comprende el área metropolitana", señala el acuerdo adoptado ayer por la Junta de Fiscales.

También se resalta como tercer punto aprobado en la reunión de representantes del ministeri público del Área viguesa que "estimamos además que la existencia de un partido judicial en Vigo, con su gestión y gobierno autónoma e independiente de la establecida en la capital de la provincia es algo necesario en términos de eficacia y agilidad en el funcionamiento de la administración de Justicia".

Por último, la Junta de Fiscales de Vigo solicita "expresamente no sólo que se puedan establecer sedes desplazadas de las salas de los Tribunales de Instancia, sino que la propia sala pueda tener su sede en ciudades distintas a las capitales de provincia si el volumen de asuntos así lo aconseja", como es el caso de Vigo.