El propietario de una casa prefabricada y dos casetas sin licencia en la costa de Saiáns ha demolido las instalaciones de forma voluntaria a instancias de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), que le abrió expediente en febrero del año pasado, según informa la Consellería de Medio Ambiente.
La vivienda y las casetas, situadas prácticamente al lado del mar, fueron construidas dentro de la zona de servidumbre de protección de dominio público marítimo-terrestre, lo que supone la comisión de una infracción grave. Con la demolición voluntaria, ejecutada el mes pasado, el dueño evita la imposición de sanciones o multas coercitivas por un importe mínimo de 60.000 euros.
"El objetivo último de la Agencia no es el de derribar, sancionar o recaudar, sino contribuir a ordenar y proteger el territorio gallego y crear una conciencia social de acatamiento normativo y de respecto por la naturaleza", señala la consellería, que agrega que "cada vez la gente es más consciente de la necesidad de proteger el medio frente a los delitos urbanísticos".
