"Una barrera de entrada para la creación de nuevas empresas". Así definen los empresarios vigueses el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial que conllevaría la eliminación del partido judicial de Vigo. El presidente del Círculo de Empresarios de Galicia, Javier Garrido, acaba de remitir sendas cartas al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en las que muestra su desacuerdo con la reforma legislativo que prevé la supresión de los partidos judiciales y la creación de tribunales de instancia con sede únicamente en las capitales de provincia.

Garrido traslada así la "inquietud" de los socios del Círculo por las repercusiones que tendría sobre la población y las empresas. "Para esta población, el citado anteproyecto puede suponer un perjuicio considerable que no se ha valorado de forma suficiente, cuando no la renuncia a la defensa de sus derechos", dice en la carta. La centralización de los servicios judiciales "podría entenderse en términos economicistas, pero no resiste una contra-argumentación de tipo social, y aún menos empresarial si nos ceñimos a los casos de Vigo, Santiago, Ferrol e incluso Barbanza". Señala, además, el caso paradigmático de Vigo, cuya población triplica la de la capital de provincia, "a la que también sextuplica en litigios", y donde está en proyecto la"vieja aspiración" de la Ciudad de la Justicia, "que solucionaría buena parte de los problemas de carácter infraestructural que padece Vigo y con ello contribuiría a la descongestión de asuntos".

En la carta a Fejóo, el presidente del Club Financiero avanza "nuestra decisión de respaldar cualquier tipo de iniciativa" encaminada a mantener los partidos judiciales y tribunales de instancia en al menos las siete grandes ciudades gallegas. Insiste Garrido en la preocupación por el colapso judicial, que podría desincentivar a los emprendedores. "Precisamente ahora, más que nunca, es necesaria una mayor eficacia judicial, que difícilmente se conseguirá con la supresión de los recursos más próximos al ciudadano", señala.

Asimismo, Javier Garrido apela también al artículo 20 del Estatuto de Autonomía de Galicia, para hacer valer, "la potestad del gobierno autonómico para atender las características geográficas y de población de nuestra comunidad".