La ampliación del puerto de Gijón, El Musel -cuestionada ahora por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) al cifrar su sobrecoste en 250 millones- contó en todo momento con el respaldo de la Abogacía General del Estado, que emitió hasta ocho informes que ayudaron a avalar la obra ante las autoridades comunitarias, que a los pocos años de iniciarse ya mostró sus dudas al respecto.

Como publicó la semana pasada la prensa asturiana, los informes de la Abogacía del Estado se encargaron por orden del Gobierno central con la intención de despejar todas las dudas tanto sobre la contratación de la obra como de la modificación del contrato.

Entre los otros organismos que respaldaron la ampliación de El Musel estaban Puertos del Estado, la auditora KPMG y el Tribunal de Cuentas Europeo. En ninguno de los controles que ejercieron detectaron errores o irregularidades en el procedimiento de contratación ni en el modificado. Hasta la Fiscalía, que realizó algunas comprobaciones tras la denuncia de un particular, acabó archivando las diligencias.

Además de la modificación del contrato, las objeciones de la OLAF guardan relación con la gestión de las canteras utilizadas para acometer los rellenos.