El anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que priva a Vigo de su partido judicial para crear un único tribunal de instancia en la provincia con sede en la capital provocó la inmediata reacción de los jueces vigueses. Los magistrados se oponen a la eliminación de la demarcación y, de hecho, el juez decano, Germán Serrano, ya anunció una junta en la que se defenderá el estatus judicial de la ciudad olívica y se rechazará la opción de que sea una sede desplazada dependiente de Pontevedra. Pero además de mostrar su oposición a la reforma impulsada por el ministro Alberto Ruiz Gallardón, magistrados vigueses también viven este cambio legal con mucha "incertidumbre". Y se hacen muchas preguntas que todavía no tienen respuesta. "¿Qué va a ser de nosotros?, ¿qué van a hacer?", se pregunta un juez, que exterioriza sus "dudas" sobre si tendrían que trasladarse a Pontevedra, en qué consistiría ser sede desplazada o cómo sería el reparto de asuntos en el modelo provincial que se proyecta.

"Negar a Vigo un tribunal de instancia es legislar de espaldas a la realidad y a la razón. Soy contrario a la repetición del modelo de un tribunal con sede en la capital y salas o dependencias desplazadas a modo de apéndices", afirma Julio Picatoste, magistrado de la Sección Sexta, la sala civil de Vigo de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Este juez incide en que "varias provincias necesitarán de dos o más tribunales de instancia". Y la de Pontevedra es una de ellas. "Vigo, sin duda alguna, merece y necesita, por razones harto conocidas y notorias, su propio tribunal de instancia con un territorio que abarque lo que se viene entendiendo como el área metropolitana viguesa", considera.

Otro magistrado que prefiere mantenerse en el anonimato hasta que se celebre la junta de jueces - "será crítica con el anteproyecto", vaticina- coincide con otros jueces en que la reforma, a la que se opone, plantea "muchas incógnitas". "Llevar a rajatabla el modelo que se proyecta supondría llevarse todas las sedes a la capital; llevarse a jueces, secretarios, funcionarios... con el desembolso económico que eso supondría y la infrautilización de edificios que conllevaría", alerta. "Además de la reivindicación en defensa del partido judicial vigués, esto nos afecta personalmente por la incertidumbre que nos genera. ¿Nos trasladarán?; ¿qué asuntos conocería Vigo como sede desplazada, sólo de Vigo o de más allá?; ¿tendríamos todas las jurisdicciones? ¿cómo será el reparto de asuntos provincial?", expone.

Sobre cómo se repartirían los pleitos también se pregunta José Manuel Díaz, juez de lo Social de Vigo. En su condición de ciudadano, la eliminación del partido judicial vigués es "un despropósito". "Como juez acato la ley", dice. Tampoco es partidario de la eliminación de otras demarcaciones, como Ponteareas, entre otras. "Se están alejando los servicios públicos de los ciudadanos", advierte.