Los datos avalan sin dejar lugar a dudas que el partido judicial de Vigo es un caso singular y sin parangón en toda España. Uno de los parámetros que mide la carga de trabajo judicial es la tasa de litigiosidad. Y esta ratio evidencia que la ciudad olívica se sitúa entre las poblaciones a la cabeza en España. La demarcación viguesa registró en 2013 una tasa de litigiosidad de 249 asuntos ingresados en sus juzgados por cada mil habitantes. O lo que es lo mismo: un pleito por cada cuatro ciudadanos. La cifra supera con creces la media nacional, la gallega y la de la provincia pontevedresa. Y es notablemente superior, incluso, a la de Andalucía, la comunidad autónoma con la ratio de litigios más alta de todo el país: 215,7.

En 2011 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicaba un boletín estadístico relativo al año anterior que desvelaba que el partido judicial vigués -Vigo, Baiona, Gondomar y Nigrán- era el segundo con mayor tasa de litigiosidad del territorio nacional, solo superado por Marbella. Aunque el órgano de gobierno de los jueces no ha vuelto a realizar este estudio comparativo tomando de referencia los partidos judiciales, las estadísticas provisionales que maneja de 2013 reflejan la singularidad y excepcionalidad de los tribunales vigueses en lo que a volumen de pleitos se refiere. Según estos datos facilitados por el CGPJ, sus juzgados registraron el pasado ejercicio un total de 84.936 asuntos, lo que representa el 47,1 de los 180.225 que hubo en toda la provincia de Pontevedra y el 18,3% de los 464.109 de toda Galicia.

La tasa de litigiosidad en la circunscripción viguesa, que atiende a una población de referencia de 341.212 personas, se situó en 2013 en 248,9 casos ingresados por cada 1.000 habitantes. Una elevada cifra que todavía es más ilustrativa si se compara con otras que también maneja el Poder Judicial: la tasa de Vigo es un 35% superior que la media de toda España (183,2), casi un 50% que la de Galicia (167,8) y también se encuentra por encima de la del conjunto de la provincia pontevedresa (188,7). Incluso es mucho mayor que la de la comunidad autónoma española que en 2013 estaba a la cabeza en carga de pleitos, que fue Andalucía con una ratio de 215,7.

Precisamente, el volumen de pleitos que asumen anualmente los juzgados de Vigo es uno de los principales y más contundentes datos que manejan jueces, abogados, procuradores y partidos políticos municipales para mostrar su radical oposición a la desaparición de la demarcación viguesa. El anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado hace una semana por el Gobierno central a iniciativa del ministro Alberto Ruiz Gallardón priva a la ciudad olívica de su estatus judicial al plantear un único tribunal de instancia en la provincia con sede en la capital. En el mejor de los casos, de prosperar la reforma en estos términos, la urbe viguesa sería una "sede desplazada" dependiente de Pontevedra que no tendría ni autonomía propia ni juez decano.

Cuando en 2010 la ciudad olívica estaba situada como la segunda de España en tasa de litigiosidad, el número fue de 296,4 asuntos registrados por cada millar de habitantes. Una cifra superior a la contabilizada este pasado 2013, ya que, desde entonces, el volumen de causas descendieron de forma general en el conjunto de tribunales españoles básicamente por la influencia del tasazo impulsado por el ministro Gallardón y también, sostienen los juristas, porque ya se tocó techo, judicialmente hablando, en lo que a la crisis se refiere.