Ya no fue necesario celebrar el juicio. El presidente de una comunidad de propietarios de Vigo, Jesús V.F., aceptó ayer una pena de 2 años de prisión y el pago de una multa de 720 euros como autor de un delito continuado de apropiación indebida por quedarse con casi 3.900 euros de los fondos que gestionaba. Los hechos se remontan ya a hace trece años, lo que benefició al acusado con una reducción en su condena.

La breve vista de conformidad se celebró en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. La Fiscalía solicitaba inicialmente una condena de 4 años de cárcel, pero la rebajó a la mitad tras alcanzar un acuerdo con la defensa, en base al cual se tuvo en cuenta a favor del acusado las atenuantes de reparación del daño y de dilaciones indebidas, esta última debido al notable retraso en la celebración del juicio dado que los hechos se remontan a 2001 y 2002.

Además de la pena de cárcel y multa, el ya condenado deberá indemnizar a la comunidad de propietarios afectada, la de la calle Manuel Castro número 2, con un total de 3.888 euros, que podrá abonar en plazos mensuales. La suspensión de la ejecución de la pena estará condicionada al pago íntegro de esta cantidad, que corresponde con el dinero que sustrajo a la comunidad.

Hechos

El juicio contra este hombre tardó más de una década en celebrarse. Según se recoge en el escrito de acusación del Ministerio Público, el imputado, que era presidente de una comunidad de propietarios, se apropió a lo largo de diferentes fechas de 2001 y 2002 de fondos de la misma. El hombre se valió de la confianza de la vicepresidenta de la comunidad, que por motivos personales solía ausentarse largas temporadas de Vigo, para que ésta le dejara firmados cheques en blanco para que él los pudiera firmar en el momento que fuese necesario para satisfacer diferentes gastos. La mujer ignoraba los movimientos monetarios ilícitos del acusado.

El imputado, prosigue el escrito del Ministerio Fiscal, retiró varias cantidades de dinero de la cuenta de la comunidad de vecinos entre los años 2001 y 2002, y en una de esas operaciones, para justificar la parte que se quedó, que se situaba en torno a unos 1.500 euros, expidió una factura de una empresa de impermeabilización. En otra, pagó un servicio a una empresa de cristalería para una mesa del salón de su casa.

Ahora, el acusado deberá hacer frente al pago de la indemnización en los plazos mensuales fijados por el tribunal para que no se ejecute la pena.