Tras la aprobación el viernes en el Consejo de Ministros del anteproyecto que priva a Vigo de su partido judicial, jueces, fiscales, abogados y procuradores sin excepción, así como todos los grupos políticos de la ciudad olívica, se manifestaron en contra de la reforma. Y ya se están preparando acciones para frenar este plan impulsado por el ministro Alberto Ruiz Gallardón. En el caso de los magistrados, el juez decano, Germán Serrano, avanzó que convocará una junta de jueces para "posicionarnos". La judicatura se reiterará con toda probabilidad en la propuesta que ya formalizó en su día. Y ésta es la de una división en la provincia norte y sur en la que, en términos de la nueva ley, Vigo y Pontevedra tendrían cada una su propio y autónomo tribunal de instancia.

Aún no hay fecha para esa junta. "Pero habrá que hacerla y posicionarnos", remarca Serrano. Es muy probable que en el proceso que se abre ahora de tramitación legal de la futura Ley Orgánica del Poder Judicial los jueces vigueses ya no tengan que convocar esta reunión a iniciativa propia, sino que serían requeridos para ello. Y esto es así porque uno de los órganos consultivos que deberá emitir un informe sobre el texto legal es el Consejo General del Poder Judicial. "Lo normal es que el Consejo pida informes a las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia, y que a su vez éstas se los requieran a las juntas de jueces", aclara el decano.

Al margen de abogar ya por esta junta de magistrados, Germán Serrano también pretende coordinase con decanos de otras ciudades españolas, a través de la comisión de jueces decanos, para evaluar la situación generada con esta polémica reforma.

Además de los jueces, otros colectivos relacionados con la justicia viguesa también están empezando a moverse para estudiar qué medidas adoptar. Y a nivel político, el alcalde Abel Caballero ya anunció varias acciones, entre ellas la de impulsar una declaración institucional en defensa de la demarcación de Vigo.