La Asamblea de Directores de los Colegios Públicos de Vigo salió ayer en defensa de los responsables de 7 centros educativos suspendidos de empleo y sueldo por la Xunta por presuntas irregularidades, en concreto supuestos "sobresueldos" y "contabilidad b", en la gestión económica de los comedores. El colectivo se reunió para escuchar las explicaciones de los directores expedientados y los respalda, asegurando que actuaron conforme a la normativa y los acuerdos de los consellos escolares y negando que existiesen "contabilidades paralelas".
La asamblea expone que la existencia de dos cuentas, una para las ayudas de la consellería y otra para las aportaciones voluntarias de familias, "eran para uso exclusivo del comedor y venían funcionando desde hace muchos años en todos los centros de Vigo con comedores de gestión directa".
Además, asegura que las dos cuentas "siempre fueron declaradas a la Administración, debidamente certificadas con los saldos bancarios y aprobadas por la comisión económica de los consellos escolares". Los directores mantienen que "la gestión siempre fue transparente" y defienden que "tanto las aportaciones familiares como los complementos recibidos estaban debidamente aprobadas por los consejos". "Los directores cumplieron su función: ejecutar los acuerdos", apostilla la asamblea.
