Una respuesta unánime y contundente que aboga por una movilización conjunta para frenar los planes del ministro Alberto Ruiz Gallardón. Jueces, fiscales, abogados y procuradores vigueses, así como el alcalde Abel Caballero y los portavoces municipales de PP y BNG, mostraron ayer su repulsa a la reforma que deja a Vigo sin partido judicial. El anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobado el viernes por el Gobierno supone la creación de un tribunal de instancia con circunscripción provincial y con sede oficial en la capital, Pontevedra. La ciudad olívica, en el mejor de los casos, quedaría relegada a ser "sede desplazada" sin autonomía y dependiente de la cabecera. "Inaceptable", "intolerable", "despropósito" o "hecho gravísimo" son algunos de los adjetivos utilizados por el sector judicial y político de la principal urbe gallega para calificar el escenario que dibuja el texto legal. Y ya anunciaron que comenzaran a moverse para que el ministro rectifique y se reconozca la "singularidad" y "excepcionalidad" viguesa: la mayoría apuesta por una división territorial norte-sur con Vigo y Pontevedra como sedes de sus respectivos partidos judiciales.
El nuevo modelo rompe con los partidos judiciales tal y como se conciben ahora y apuesta, en el primer escalón de la Justicia, por tribunales de instancia de carácter provincial -macrotribunales que sustituyen a los tradicionales juzgados unipersonales-. El juez decano vigués, Germán Serrano, muestra su clara oposición a que Vigo pierda su estatus judicial y defiende que la provincia se divida en dos grandes partidos con Vigo y Pontevedra como sedes. O, en términos de la nueva ley, dos tribunales de instancia en cada una de estas ciudades. "Ahora es el momento en el que hay que luchar para que en la tramitación del proyecto de ley se recoja la excepcionalidad de Vigo; que el legislador intervenga y reconozca la singularidad; la justicia debe estar cerca del ciudadano y de donde está la actividad económica, laboral y mercantil", resume. Uno de los órganos que deberá consultarse ahora en la tramitación legal es el Consejo General del Poder Judicial. "Y los jueces usaremos nuestro mecanismo para que el Consejo haga un informe que incluya las peculiaridades de Vigo", garantiza.
El fiscal jefe provincial Juan Carlos Aladro también se muestra contundente. "Sería una atrocidad despojar a la ciudad y al territorio que más población acumula de una sede judicial", afirma. "La demarcación de Vigo debe seguir no ya por destacar su prioridad, sino para dar servicio a sus ciudadanos", opina.
Para el decano del Colegio de Abogados de Vigo, Alfonso Álvarez Gándara, perder la demarcación sería una "contradicción con la realidad social". "Conservo la preocupación que tenía por esta reforma", admite. "La distribución territorial de sedes judiciales nunca tuvo nada que ver con las provincias; y ahora volvemos a lo de siempre sin tener en cuenta las peculiaridades de la provincia pontevedresa, y que son que aquí hay una ciudad (Vigo) a la que no se le puede dar un tratamiento inferior que a la capital", remarca.
Igual que Serrano, el decano de los procuradores vigueses, Manuel Castells, aboga por luchar en el ámbito de presentación de informes, previo a que la ley sea realidad. "Hay que seguir peleando el reconocimiento de una identidad específica, y es vital transmitir esa singularidad del partido judicial a los órganos consultivos", advierte.
En el sector judicial vigués las críticas arrecian asimismo desde otros colectivos. Mercedes Vázquez, presidenta de la junta de personal de los juzgados, tilda de "inaceptable" que la ciudad pierda estatus judicial. "El caso más notorio de toda España es Vigo, se justifica más que las excepciones que preveían los expertos para Madrid y Barcelona; y no se puede obviar esa realidad", zanja, al tiempo que avanza que los funcionarios se movilizarán. "Gallardón pretende demoler la justicia y alejarla del ciudadano", denuncia.
También Yolanda Aguiar, presidente de SOS Xustiza, anuncia que su colectivo empezará a moverse. Califica de "gravísimo" el anteproyecto. "Es un texto alarmante, Vigo se queda fuera de la ordenación judicial", alerta. "La Xunta debe posicionarse de forma inmediata, es un escándalo su silencio ominoso", recalca. Y Fabián Valero, de Avogados Novos, se muestra igual de tajante: "Con las sedes desplazadas Vigo desaparece del mapa judicial; es un paso atrás de consecuencias gravísimas". "Es una cuestión social; debemos movilizarnos jueces, abogados, procuradores..., y también la corporación, los sindicatos o las organizaciones empresariales", clama.
Ámbito político
En el ámbito político también hay unanimidad. El alcalde, Abel Caballero, califica la reforma de Gallardón de "inaceptable" y un "desprecio" a la ciudad. "Anuncio una gran movilización ciudadana para parar este atropello intolerable; Vigo no puede pasar a ser una sede delegada dependiente de Pontevedra; tiene que tener su propio partido judicial, de ningún modo puede desaparecer, y si se sigue en esta idea (una sola demarcación en la provincia) plantearemos que la única sede sea Vigo", afirma el regidor, que avanzó que el martes se reunirá en Madrid con el portavoz socialista en el Congreso Julio Villarrubia, y también lo hará con Elena Valenciano. A nivel local, impulsará una declaración institucional a los grupos municipales en defensa del partido judicial vigués.
El grupo municipal del PP, que hace un año remitió un informe evidenciando la singularidad de Vigo, exige "con toda rotundidad" que el Gobierno rectifique. "Hay que aprovechar la tramitación del anteproyecto para enmendar el texto y contemplar esta excepcionalidad", afirma José Manuel Figueroa, que remarca que la figura de sede desplazada a la que se relega a la ciudad es "inaceptable". "El grupo municipal del PP no permitirá que se oficialice esta alternativa; Vigo debe contar con sede judicial propia", asegura.
Muy crítica se muestra también Iolanda Veloso, portavoz municipal del BNG. "Parece increíble que Vigo se pueda quedar sin partido judicial, pero no es el primer acontecimiento así que se perpetra porque también es increíble que la ciudad no sea puerto nodal. Haremos todo lo posible para que se mantenga el partido judicial", avanza. Pregunta "qué va a hacer" la Xunta con la Cidade da Xustiza "si no consiguió ni siquiera que se mantenga el partido judicial".
