Tres años y medio de prisión, multas por importe de 2.520 euros y restitución a la central sindical CIG de los 134.875 euros que desfalcó más los intereses correspondientes. Esta es la pena impuesta por la Sección Quinta de la Audiencia con sede en Vigo a Juan Carlos Fernández Rodríguez, extesorero del sindicato en Vigo durante casi once años y condenado por un delito continuado de apropiación indebida y otro de falsedad en documento mercantil. El tribunal, en la sentencia notificada ayer, no se cree a la versión exculpatoria del acusado que aseguró en el juicio que realizó el traspaso del dinero de las cuentas de la CIG a la suya personal por orden de sus superiores para generar dinero negro para el sindicato y pagar así dietas y gastos. Los magistrados dan credibilidad al secretario de Finanzas, Ramiro Oubiña, que testificó que la CIG no paga en metálico sino siempre a través del banco y utiliza una única cuenta, siempre la misma.
El fallo, que no es firme y contra el que cabe recurso de casación ante el Supremo en los próximos cinco días, considera probado que Juan Carlos Fernández efectuó entre septiembre del año 2007 y agosto de 2010 sucesivas transferencias de la cuenta donde ingresaban sus cuotas afiliados y viudad de Telefónica y Fenosa, a la cuenta personal que compartía el acusado con su novia. Un dinero que utilizó para su uso personal.
El tribunal no aplica la circunstancia agravante que solicitaban el fiscal y la acusación particular ejercida por la CIG, ni tampoco la atenuante de dilaciones indebidas que reclamaba la defensa y condena al extesorero a pagar las costas del sindicato.
"El acusado, que trabajaba en el departamento de Finanzas del sindicato CIG y que contaba con las claves electrónicas para acceder a las cuentas del sindicato y realizar su control, movimientos y ajustes, aprovechando estas facultades, efectuó para su lucro personal transferencias de dinero desde una de las cuentas del sindicato a la suya, haciéndolo suyo", expone la sentencia.
El tribunal da completa veracidad al testimonio que prestó el secretario de Finanzas y Personal de la CIG, Ramiro Oubiña, y considera acreditado que el acusado presentó a su jefe un extracto informativo falso "para justificar el saldo de la cuenta". Un elemento aportado con la querella que el imputado niega. Precisamente el desfalco se descubrió cuando Oubiña le pidió que traspasara 100.000 euros de la cuenta de afiliados de Telefónica a la de gestión del sindicato, desde la que se realizan todos los pagos, y Juan Carlos Fernández le manifestó que no había saldo, pese a que dicha cuenta solo se utilizaba para ingresar las cuotas.
Los magistrados consideran probado el desfalco y el delito de falsedad en documento mercantil por la falta de justificación documental de los pagos en dinero B en interés de la CIG que aseguraba Juan Carlos Fernández; por el extracto de su cuenta bancaria donde se advierte que las transferencias desde la cuenta del sindicato sirven para pagar facturas y gastos suyos de orden doméstico, y por el propio extracto informativo falso presentado por el extesorero a Ramiro Oubiña para justificar el saldo de la cuenta del sindicato.
El fallo resalta la "plena credibilidad, por la claridad, firmeza y contundencia" de la declaración de Ramiro Oubiña y ve probado que no tenía acceso a la cuenta donde se produjo el desfalco: "Porque solicitó al acusado un extracto de los movimientos y si hubiera podido verlo no tendría porqué hacerlo".
