Los centros universitarios españoles que imparten el grado en Traducción e Interpretación, entre ellos Vigo, han trasladado a la Xunta su malestar ante el anuncio de licitación para todos los juzgados gallegos del servicio de interpretación y traducción. A través de una carta, el colectivo advierte a la dirección xeral de Xustiza que el proceso de adjudicación incumple la directiva europea 2010/64, normativa que por otro lado todavía no ha sido transpuesta por el Gobierno español a pesar de que el periodo acordado de 3 años para hacerlo finalizó en octubre y que su incumplimiento conlleva sanciones.
La Conferencia de Centros y Departamentos Universitarios de Traducción e Interpretación (CCDUTI), que agrupa a 26 instituciones públicas y privadas de todo el país, reprocha a la Xunta que la licitación, cuyo anuncio fue publicado en el DOG el pasado 10 de diciembre, conlleva la "falta de profesionalización y dignificación del trabajo" de estos profesionales.
La norma 2010/64 es la primera ley que determina que cualquier ciudadano detenido o acusado debe disponer de un servicio de interpretación en su idioma durante todas las fases del proceso judicial. "Hasta ahora, la ley recogía el derecho a tener un intérprete, pero no en qué condiciones. La directiva garantiza el derecho a un juicio justo, algo que se vulnera sistemáticamente en España porque no se ha transpuesto", lamenta Maribel del Pozo, profesora de la Universidad de Vigo y miembro de la CCDUTI.
La legislación europea establece la creación de un registro oficial de intérpretes y traductores como aval de la cualificación profesional y un sistema de control de la calidad que permitiría, por ejemplo, acceder al contenido de las traducciones con posterioridad. El anuncio de licitación de la Xunta, que asciende a 151.000 euros para los años 2014 y 2015, obvia ambos y no especifica requisitos para los candidatos. Desde la CCDUTI tildan de "intolerable" que ni siquiera se valore la condición de titulado.
"No se entiende que no se exija porque un intérprete no solo debe saber un idioma, sino que debe dominar el código deontológico y tener conocimientos de Derecho y de las técnicas de interpretación", critica Maribel del Pozo.
La actual concesionaria en Galicia, Seprotec, domina la mayoría de adjudicaciones en España, incluidas las de la Policía Nacional, que en 2013 le encargó la traducción de escuchas e interrogatorios por casi 10 millones de euros. Pero esta empresa también ha saltado a los medios en los últimos años por numerosas irregularidades. La jueza Pilar de Luna, una activista en esta problemática, denunció incumplimientos del servicio prestado por Seprotec en la Comunidad de Madrid, los profesionales también han revelado carencias en juicios como el del Prestige o la Operación Puerto y la Policía ha detectado intérpretes con antecedentes penales o que daban chivatazos.
"Casos espeluznantes"
Del Pozo asegura que en Galicia también se han producido quejas de abogados y decanos de jueces ante la Xunta. Y han trascendido casos como el de la argelina que perdió a su hijo en Burela por firmar sin saberlo un consentimiento de adopción. "Hay casos espeluznantes porque no se ha establecido ningún sistema de control. El problema no es que la Administración pague mal, aunque los precios sean un poco bajos, sino que estas grandes empresas se quedan con un porcentaje no razonable del dinero público y pagan solo 10 euros por hora de los 40 que reciben. Ningún profesional va a trabajar por esta cantidad. Y de esta forma no se garantiza la cualificación del intérprete y nuestros titulados no encuentran una salida laboral digna", critica.
También reprocha a la Xunta que las condiciones de la licitación, que fija un plazo de entrega de solicitudes de solo 15 días, no favorece que se presenten iniciativas gallegas sino a la actual concesionaria. "¿Qué empresa local es capaz de demostrar en dos semanas que puede garantizar traductores de wolof (senegalés), ruso o búlgaro?", pregunta.
Otra de las reclamaciones que la CCDUTI ha hecho llegar a la Xunta es la formación del personal judicial, un aspecto también contemplado en la directiva europea para garantizar la "coordinación" entre intérpretes y jueces, fiscales, letrados, etcétera, y en última instancia, destacan, "mejorar el funcionamiento de la Adminsitración de Justicia". "Nuestra crítica es constructiva. Seguimos a disposición de la Xunta para asesorarles en lo que necesiten", ofrece Maribel Del Pozo.
