Lo que se prometía una vivienda asequible en uno de los barrios más dinámicos de Vigo se ha revelado, apenas cuatro años después, un auténtico quebradero de cabeza. Las dos torres de viviendas situadas en el número 32 de la calle Teixugueiras (Navia), en las que residen 144 familias, acaban de demandar a la empresa constructora y firma promotora -ambas en concurso de acreedores-, arquitecto y aparejador de su inmueble por lo que consideran "graves daños" y "defectos de construcción" en el edificio en el que habitan desde 2010.
Los residentes reclaman a los responsables de promocionar, diseñar y construir sus hogares 668.235 euros. El Juzgado de Primera Instancia Número 14 de Vigo admitió a trámite la querella el pasado jueves 23. Antes la comunidad ya había interpuesto una reclamación ante el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).
La particular odisea de las familias de las torres Sur y Norte de Teixugueiras 32 -conectadas por un sótano común- se inició en 2010. En junio de ese año el edificio -construido por Agrupconsa S.L. con la promotora G.I.G. 2001- recibió la Licencia de Primera Ocupación. Poco a poco las 144 familias que lo habitan iniciaron el traslado a sus domicilios.
El primer incidente se registró meses después, en febrero de 2011, cuando los residentes notaron que varias losetas de la fachada estaban sueltas y tuvieron que acudir a la Policía Local y Bomberos para que las retirasen. Preocupados, los propietarios contratan a un técnico para que realizara un peritaje de "los vicios existentes en zonas comunes".
En su informe el perito colegiado detectó "desprendimiento del aplacado de piedra" en la fachada y "filtraciones de agua en los sótanos". El dictamen del experto fue que el arreglo -que incluía la retirada y cambio de las placas- ascendía a un coste, en aquella fecha, de 567.120 euros. Según se relata en la demanda de los propietarios -a la que ha tenido acceso FARO-, tras un burofax a G.I.G, la constructora realizó una reparación que los residentes tachan de "insuficiente".
En enero de 2012 la gestora del bloque, Grucavi Administración de Fincas SL, presentó una reclamación ante el IGVS para solicitar la visita de un perito que evaluara los desperfectos. En diciembre la Xunta comunicó a la gestora que se había "requerido" a los responsables de la construcción a fin de "determinar con carácter preliminar si concuren circunstancias que justifiquen el inicio de un procedimiento sancionador". Un nuevo escrito del IGVS, de septiembre de 2013, revela que el proceso permanece en "fase previa" -Agrupconsa y G.I.G. presentaron sendas alegaciones-; si bien se avanza que la carpintería del inmueble "se instaló cumpliendo los requisitos establecidos" y de forma "supervisada".
A finales de abril de 2013 los vecinos del edificio decidieron en junta reclamar los daños -en los lugares comunes y también domicilios privados- por la vía judicial. Para completar la demanda se volvió a encargar un peritaje que, tras actualizar el anterior informe e incluir los desperfectos en las casas particulares, elevó la cuantía -entre daños y reparación- a 668.235 euros.
El nuevo peritaje reconoció seis "causas de los daños": desprendimientos de placas, filtraciones de agua en viviendas y sótanos, grietas en las viviendas y zonas comunes, carpintería exterior de "pésima calidad" y "condensaciones importantísimas". La denuncia asegura que "los daños en la construcción del edificio responden a un diseño y ejecución de obra tan negligentes que hablamos de una fachada sin revestir y sin impermeabilizar. La carpintería es de tan mala calidad que no es apta para una vivienda e incluso en el interior, en las estancias, terminaron la pared contra el pilar, sin darle la vuelta a las cámaras". "Y todo en un edificio que fue entregado en 2010", insiste la querella, que describe desperfectos en 59 viviendas.
La demanda asegura que los defectos "suponen la ruina funcional" del edificio y alerta con firmeza: "Su gravedad excede de las imperfecciones corrientes e impide la normal habitabilidad del edificio; presenta además un riesgo potencial de llegar a convertir en inútil la edificación, puesto que de no adoptarse las medidas necesarias los daños se incrementarán con el tiempo".
Los casi 700.000 euros -entre desperfectos y su reparación- se reclaman a arquitecto y aparejador -con despacho en Vigo y Nigrán, respectivamente- y a los liquidadores concursales de la promotora G.I.G. 2011 y la constructora Agrupconsa. Según figura en el BOE, la primera (cuyo accionista principal era el ex presidente del Celta, el fallecido Jaime Arbones ) se declaró en concurso en diciembre de 2011; la segunda justo un año después.
"En este caso destaca la situación angustiosa en la que se encuentran los afectados; residen en viviendas de solo tres años que parecen tener 30", explica el abogado de la comunidad, Carlos Rial. Desde su despacho en Eurosiniestro -una compañía de Vigo especializada en la defensa de asegurados- Rial lamenta la "indefensión" que afronta el bloque 32. "Hablamos de daños que son susceptibles de ir a mayores", zanja el experto.
Iria Cagiao, gerente de la empresa Grucavi Administración de Fincas, gestora de la comunidad de propietarios, coincide con Rial en la "indefensión" en la que se encuentran los residentes en el bloque 32 de Teixugueiras. Su empresa administra además otro edificio en la misma calle de Navia, los números 3-5, cuyos residentes también denuncian "graves deficiencias" en su inmueble aunque en este caso no han llegado a los tribunales.
En concreto, Iria Cagiao recuerda cómo -a pesar de que el edificio es de construcción reciente; de hecho está habitado desde el año 2011- ya se han desprendido algunas láminas metálicas que recubren la parte baja de la fachada. "La primera vez que volaron fue hace dos años y la última el pasado diciembre, durante el temporal", recuerda la gerente de Grucavi, quien asegura que ante el temor de que las planchas metálicas pudieran herir a alguien, llegaron a alertar a los bomberos y a la Policía Local. Para evitar futuros "riesgos" la comunidad se plantea retirar todas las planchas de hierro, lo que exigirá un desembolso de 15.000 euros por parte de la comunidad.
La promotora responsabiliza de los importantes daños que registran estos dos inmuebles a que "la comunidad y la administradora se niegan a realizar un correcto mantenimiento". Añade que esa actitud "ha contribuido a incrementar los daños iniciales y creado incluso situaciones de peligro", argumenta su portavoz, quien recuerda que en una zona más expuesta hay otros tres bloques en buen estado con una inversión de entre dos mil y tres mil euros en mantenimiento desde que se ocupó. "Hemos atendido algunas de sus peticiones y otras en las que no estamos de acuerdo las hemos argumentado", defiende la empresa.
