La Federación de Vecinos Eduardo Chao arrastra una deuda de más de 350.000 euros y carece de liquidez para contratar a nuevo personal y mantener su programa de actividades. El colectivo debe 87.000 euros a 43 trabajadores en concepto de nóminas. La Seguridad Social le reclama 55.000, tiene pendiente de abonar 4.000 a Hacienda por las retenciones del IRPF del último año, otros 4.000 a la Consellería de Facenda y un recibo de la basura más el recargo al Concello de Vigo. Acumula además una deuda superior a los 80.000 euros con antiguos colaboradores, grupos de música y proveedores y tiene abiertas dos pólizas de crédito con Novacaixagalicia y Triodos Bank de 60.000 y 84.000 euros, la primera de las cuales vence el próximo mes de abril.
Un grupo de 18 extrabajadores se han unido en una demanda laboral de conciliación que se presenta esta semana para reclamarle por vía judicial 48.000 euros en salarios. Otras dos colaboradoras demandaron a la entidad en diciembre por impago de 18.000 euros en nóminas y tienen ya fecha para el juicio: el próximo 7 de abril. Todos ellos aportan contratos, extractos bancarios y facturas que apoyan su demanda y revelan graves deudas en Eduardo Chao con su antigua plantilla, instituciones y numerosas pymes y autónomos.
La situación se agrava porque los impagos a las administraciones inhabilitan al colectivo para poder beneficiarse de nuevas subvenciones públicas en 2014 al exigirse en todos los casos un certificado de que se está al corriente de las obligaciones tributarias. A esto hay que añadir que los 109.000 euros que tiene pendientes de ingresar del Concello correspondientes a programas de empleo y actividades de 2013 se utilizaron como aval para obtener la segunda póliza con Triodos Bank el pasado 22 de agosto y una vez que el gobierno vigués movilice ese dinero, se ingresará directamente a la entidad crediticia sin poder destinarse a nóminas o a pagar las docenas de facturas pendientes.
FARO ha tenido acceso a documentos y facturas que revelan la ausencia de una contabilidad rigurosa en la federación vecinal. En el último año la entidad se ha gastado más del doble de lo que tenía previsto ingresar de las administraciones al final del ejercicio y carece de financiación privada que la sustente. No hay asientos contables fidedignos y diarios y la deuda se ha disparado en los últimos meses.
La plantilla vinculada a la federación hasta hace unas semanas asegura que parte de las cuotas de las 36 asociaciones federadas y las tarifas que pagan los usuarios por la participación en la Festa Veciñal, los viajes a las Islas Cíes o cursos de formación se guardaban en metálico en la sede de Praza da Princesa y la retirada periódica de ese dinero de la caja para pagar suministros o a proveedores de servicios se hacía constar con meras anotaciones a mano de la presidenta en folios libres. En muchos de esos papeles no figura el día en que se realizó el movimiento. Solo cantidades y anotaciones al pie como "para teléfono y banco", "viajes a Cíes" o "desplazamientos", sin identificar al receptor de ese dinero, su NIF o los correspondientes números de cuenta.
"Quiebra técnica"
La presidenta de la Favec, María Pérez, que asumió el cargo en junio de 2010, acudió el pasado 15 de enero a Praza do Rei para denunciar que el colectivo se encuentra "en quiebra técnica" por el impago de ayudas y subvenciones municipales vinculadas al Plan de Emprego de 2013 y al convenio anual del que hasta ahora se beneficiaba con una cuantía de 70.000 euros. Pero los extrabajadores argumentan con papeles en la mano que los problemas económicos se arrastran desde mucho más atrás.
Saltan a la luz ahora que la entidad se enfrenta a dos demandas laborales por impago de salarios y se materializó la renuncia de un miembro de la junta directiva que se declara "engañado" con la gestión de los actuales responsables de Eduardo Chao. Hay otros dos que ya han manifestado a sus compañeros su intención de dejarlo "en cuestión de días".
Todas las fechas, cantidades y deudas reflejadas en esta información y en las sucesivas han sido confirmadas por cada uno de los afectados. La difícil situación económica del colectivo ha derivado en una tragedia personal para su antigua plantilla. Dos colaboradoras decidieron ya en diciembre reclamar por vía judicial más de 18.000 euros por las actuaciones culturales de todo un año, y de los 43 trabajadores contratados por la federación en el segundo semestre de 2013, son 18 los que se han unido para presentar una segunda demanda laboral de conciliación ante la SMAC. Según pudo saber este periódico, le exigen 48.200 euros a la directiva vecinal.
Sostienen que trabajaron con contrato desde el 8 de noviembre hasta el 15 de enero, día en que fueron cesados, pero también le reclaman a la Favec en los tribunales los salarios de los tres meses anteriores durante los cuales habrían estado sin contrato ni salario con la promesa de que se les pagaría en cuanto les aprobasen el segundo Plan de Emprego.
Los exempleados han recogido pruebas para intentar demostrar su relación laboral durante los meses de verano en los que sostienen que no había vínculo legal con la federación. Conservan partes diarios de asistencia y grabaciones en las que se escucha a María Pérez reconocer que debe "consultar con la asesoría" cómo puede justificar los pagos de esos meses en los que no hubo contrato. Hay trabajadores sociales, educadores, monitores y administrativos y auxiliares que demandan hasta 8.400 euros en nóminas. Y los afectados insisten en que "no es un caso único". En la documentación que presentaron a su abogado aparecen otros dos contratados que tienen pendiente de ingresar más de seis mil euros desde el mes de agosto.
"Somos familias en quiebra por la mala gestión de unos pocos. Trabajamos sin cobrar durante meses teniendo que adelantar dinero para cumplir con nuestro horario y poder desplazarnos hasta las asociaciones. Unos hemos tirado de ahorros, otros de la familia o de las pensiones de los padres y abuelos. Hay madres con tres hijos y gente que llevaba dos y tres años en el paro y empezó a trabajar engañada por esta señora que se aprovecha de la necesidad de la gente", explica desesperado este grupo de trabajadores que han dado el paso a la vía judicial.
Justificar el horario
Una de las pruebas de la defensa es que a pesar de no existir un contrato que los vinculara legalmente a la Favec entre agosto y principios de noviembre, tenían que justificar su horario y dejaban siempre constancia por escrito de la asociación vecinal a la que acudían cada día a dar clase o a prestar cualquier otro servicio y su horario. Explican que aguantaron en plantilla con la esperanza de que se les abonase toda la deuda a final de año y cuando lo vieron imposible decidieron recurrir a un abogado y poner las presuntas irregularidades en manos de la justicia.
"La decisión la tomamos porque localizamos documentación y nos enteramos de que cualquier ingreso que llegue ahora mismo del Concello se destinará a pagar las pólizas con los bancos y no alcanza para abonar los salarios ni una pequeña parte de las facturas pendientes", sostienen los "engañados", mientras repasan las docenas de facturas -todavía vigentes- con empresas de transporte, imprentas, catering, sonido, organizadores de eventos, promotores culturales y autónomos. Los extrabajadores relatan que tan desesperada llegó a ser la situación que en los últimos meses "ya no se pagaba la calefacción y nos cortaron el teléfono en varias ocasiones. En diciembre usamos nuestros propios móviles para atender a la gente", denuncian.
