"Caracas será la que decida". Así se pronunciaba ayer la nueva responsable del Consulado de Venezuela en Vigo, Luisana Sánchez, sobre el embargo que ha decretado un juzgado vigués para que la oficina diplomática asuma los honorarios del abogado contratado en 2007 para resolver la violenta pelea entre las dos excónsules Belkys Llamira Cedeño y Jeanet Miño. "No se puede emitir ninguna declaración porque la única persona autorizada es el embajador en España", aseguraba este jueves Luisana Sánchez. En cualquier caso, la nueva consulesa explicaba que el auto judicial emplazando a identificar bienes en diez días para hacer frente a la minuta del despacho de abogados todavía no había llegado a la sede de la calle Velázquez Moreno. "La comunicacion no se ha recibido y estamos esperando a que el juzgado la remita para mandarla a Caracas", añadía. La decisión del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Vigo se emitió el pasado 15 de enero y en ella se ofrecía cinco días de plazo para interponer recurso de revisión, aunque el juzgado advierte de que "carecerá de efectos suspensivos". La deuda de 2.800 euros responde a la labor de representación legal de Belkys Llamira por su imputación en un delito de lesiones. Los hechos habían ocurrido en octubre de 2007 durante el relevo institucional. La toma de posesión acabó en una pelea entre la consulesa saliente y la delegación entrante. Jeanet Miño denunció haber sido agredida y el Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo investigó el caso. Cuatro años después, ante la imposibilidad de localizar a la imputada, archivó el asunto por prescripción del delito.
