El Juzgado de lo Penal 2 de Vigo celebró ayer el primer juicio en la demamrcación judicial por un delito contra la salud pública en su variante de salud alimentaria. El brasileño Alfredo M.R. aceptó 2 años de prisión, multa de seis meses a 3 euros diarios y 3 años de inhabilitación para el ejercicio del comercio tras confesarse propietario de 7.000 kilos de alimentos caducados, importados desde Brasil y destinados a su distribución en tiendas de 24 horas, decomisados por la Policía Local en abril de 2011 junto con los utensilios necesarios para manipularlos y comercializarlos con fechas falsas. Dado que carece de antecedentes, no entrará en la cárcel ya que la pena se ha suspendido con la condición de que no vuelva a delinquir en los próximos 3 años. También se acordó la destrucción de los alimentos.

El caso, inusual en los tribunales vigueses, empezó a investigarse en 2011. La Policía Local detectó en dos tiendas envases de comida y bebida importada de Brasil con etiquetas manipuladas, sin que los propietarios de los establecimientos fueran conscientes de ello. La pista llevó a los agentes a un almacén, cerca de Traviesas y alquilado por Alfredo M.R, donde se intervinieron las 7 toneladas de mercancía que incluía productos como agua de coco, feijoo, pan de queijo, harina de maíz, mandioca, cerveza e infusiones...Todos incumplían las leyes sanitarios y su etiquetado inicial sobre la fecha de validez había sido manipulado sustituyendo las fechas originales, muchas de marzo de 2009, con otras etiquetas con fechas de caducidad posteriores creando "una situación de riesgo para los consumidores finales de tales productos", según la Fiscalía, queu inicialmente pedía 3 años de cárcel para el acusado.

La mercancía caducada fue cedida por la empresa importadora al acusado, que trabajaba como comercial para ellos, con la expresa indicación de no destinarlos a la venta al público, asegurando él que iba a ser para consumo propio. El almacén donde la guardaba carecía de autorización sanitaria, sistema de refrigeración o condiciones mínimas de salubridad y hasta se encontró una caja de raticida entre los alimentos, según recoge el escrito de acusación. Además, en el almacén se intervinieron máquinas de sellado, cintas adhesivas con embalador, tampones de tinta, básculas de pesaje, etiquetas adhesivas y demás utensilios para ocultar que el producto estaba caducado.

"Es un sinvergüenza", explicaban ayer en los pasillos del juzgado dos de los propietarios de establecimientos en los que se detectó la venta de los productos. "Confiamos en él, había venido antes como comercial de la empresa importadora, no nos dijo que nos servía directamente", aseveraban preocupados. "Lo peor es el riesgo que hubo para la salud de nuestros clientes, menos mal que no hubo nadie afectado", concluían.