"Lo que nos viene encima es muy fuerte; tenemos que ser una piña y doblarle la rodilla a la Administración". Antes del verano, tras protagonizar un sinfín de manifestaciones en la calle contra los recortes salariales y las reformas de Alberto Ruiz Gallardón, los funcionarios judiciales avisaban de que iban a recrudecer sus protestas. Y están en vías de ello. Los trabajadores decidirán, a través de una encuesta, si están dispuestos a ir a una huelga que se plantea a nivel estatal o gallego y, de ser así, qué tipo de paro ven más idóneo. Y los sindicatos judiciales, en una multitudinaria asamblea celebrada ayer a la que asistieron más de 150 trabajadores, ya propusieron la que consideran la fórmula más idónea para que sus reivindicaciones sean atendidas: una huelga de tres horas diarias por período indefinido con la que se conseguiría "paralizar" los juzgados.

Una huelga indefinida a jornada completa no fue la opción que se recomendó por la elevada merma salarial que supondría para los empleados públicos. La que se baraja pasaría por que los funcionarios parasen tres de las cinco horas diarias que hay fijadas de atención al público, lo que les permitiría "seguir cobrando" y, al mismo tiempo, lograr su objetivo: paralizar "sin parangón ni límite" la Administración de Justicia como medida de presión ante sus demandas. Ahora los trabajadores deberán votar, en una encuesta que se repartirá a cada uno de ellos previsiblemente en noviembre. Una vez se tengan los resultados de las decisiones de los funcionarios de todos los juzgados gallegos y españoles, se adoptará una decisión. "Si se vota ir a la huelga, los paros empezarán antes de final de año", avanzó ayer Pablo Valeiras, de CC OO Xustiza. El paro tendría ámbito estatal. "Y las seis centrales sindicales consideramos que si en Galicia sale sí, y en el resto de España no, la haríamos a nivel gallego porque hay motivos", añadió.

¿Los motivos de esta huelga? La cadena de recortes salariales y laborales que sufren estos trabajadores desde 2010 es uno de ellos. Algunos son "propios" de Galicia, como el ajuste en bajas laborales salvo supuestos específicos como ingreso hospitalario o accidente laboral. "Si tenemos que quedarnos 20 días en casa por neumonía nos costará unos 350 euros", ilustra Valeiras. Los funcionarios denuncian "discriminación" , ya que esta medida no afecta "ni a jueces ni a fiscales". "¿La gripe de ellos es distinta a la nuestra?", se preguntó otro portavoz sindical en la asamblea.

El impacto en los empleados públicos y en la ciudadanía en general de las reformas que impulsa Gallardón es otro de los motivos. La reforma que prevé la eliminación del partido judicial de Vigo y los juzgados de Paz, el tasazo ya en vigor, los cambios que se preparan en las leyes de enjuiciamiento civil y criminal... "Lo que viene es brutal; con esto en la mano sobrarían funcionarios y nos recortarían puestos de trabajo; hay que evitarlo", alertan. El portavoz de Xustiza de CCOO agrega que estas medidas afectan también "al conjunto de la ciudadanía", citando por ejemplo que las tasas, que causaron una caída de demandas, impiden a mucha gente pleitear. También lucharán contra la eliminación del partido judicial de Vigo y acusan a la Xunta de "no posicionarse" en su defensa.