El Concello garantiza el servicio de teleasistencia domiciliaria a 550 mayores de la ciudad en situación de riesgo psicosocial o físico. El tope máximo de ingresos que deberán cumplir los beneficiarios se fijará a través de una próxima ordenanza, pero en el pliego de condiciones del contrato ya se explicita que los usuarios no deben tener reconocidas ayudas a la dependencia. El gobierno local entiende que esas personas deben ser asistidas por la Xunta de Galicia y decide reorientar los fondos municipales hacia personas sin ninguna prestación.
El programa dará cobertura a vecinos con más de 65 años que necesitan ayuda para poder mantener su autonomía y continuar solos en sus domicilios. Hasta el pasado 31 de diciembre el servicio lo prestaba la Diputación de Pontevedra en colaboración con el Imserso, pero tras la retirada de la aportación estatal, el organismo provincial cambió de modelo y centró su presupuesto en concellos de menos de 20.000 habitantes, por lo que las villas y ciudades han tenido que asumir los costes para mantener las alarmas electrónicas a todos los anteriores beneficiarios.
El gobierno vigués contrató por vía de urgencia al Grupo Eulen para que siguiera prestando el servicio de forma temporal en la ciudad hasta que se adjudicara el programa por concurso. Ayer se dio el primer paso al abrir oficialmente la presentación de solicitudes. Las empresas interesadas tenen quince días desde la publicación del anuncio en el BOP o el DOG para presentar candidaturas y competir por un contrato de 264.000 euros y dos años de vigencia.
De esta forma se asegura la vigilancia de más de medio millar de dependientes o discapacitados hasta otoño de 2015. La adjudicataria tendrá que poner en marcha un centro de atención de llamadas que funcione de forma ininterrumpida los 365 días del año. Estará obligada a remitir informes mensuales a Benestar sobre el funcionamiento del servicio.
Las funciones del programa cumplen con los objetivos marcados por el Ministerio de Sanidad a través del Imserso. Además de movilizar a los servicios de emergencias en caso de que el usuario sufra algún accidente en su domicilio, los trabajadores deben realizar un seguimiento continuado de los mayores con llamadas "de agenda" para recordarles citas o tratamientos, llamadas "informativas" sobre actividades que puedan ayudarle, y llamadas "de cortesía" en fechas señaladas o fiestas.
Los usuarios serán propuestos por los servicios sociales del Concello. Deben disponer de línea telefónica y aceptar voluntariamente la ayuda. Se considerá motivo de extinción el ingreso en un centro residencial o superar los 60 días de suspensión temporal que se establecen de máximo en caso de ausencia del domicilio. Desde Alcaldía aseguraron ayer que tal y como se anunció en enero, el servicio se prestará de forma gratuita y no se cobrará a los beneficiarios.
La empresa adjudicataria pondrá a disposición del Concello una aplicación que le permita el acceso a información sobre el estado de los dispositivos, la gestión de las alertas, los tiempos de respuestas y contará además con un sistema de quejas y reclamaciones para garantizar que se presta sin ningún tipo de incidencias.
El gobierno local espera resolver el concurso y adjudicar el contrato a principios de otoño. Contempla la posibilidad de realizar dos prórrogas de un año cada una y el máximo de 550 usuarios se fija a propuesta de los técnicos municipales, pero no es un grupo definitivo. Las últimas cifras oficiales hablaban de 588 beneficiarios, aunque al limitarse el servicio a personas sin prestaciones de la Xunta al amparo de la Ley de Dependencia podría reducirse la demanda.
En la misma situación que Vigo se han quedado los otros municipios de más de 20.000 habitantes de las cuatro provincias, que para mantener la teleasistencia gratuita a sus vecinos han tenido que asumir sus costes. En Ourense ya adjudicó el servicio hace unas semanas y lo mismo sucedió en A Estrada. Los demás se van sumando poco a poco.
