Mientras Vigo va camino de llegar a los cuatro años con su proyecto de Ciudad de la Justicia paralizado por el desacuerdo total entre la Xunta y el Concello sobre el pago de los terrenos, A Coruña dio ayer un paso definitivo para materializar su nueva infraestructura judicial en la antigua Fábrica de Tabacos. El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó la resolución de la Consellería de Presidencia por la que licita la rehabilitación del edificio con un presupuesto de 19,3 millones de euros. La capital herculina va así en la senda de contar con su dotación en 2016. Por contra, el complejo vigués carece de fecha y no hay visos de desbloquearlo ya que las posturas entre las dos administraciones están enquistadas.

Xunta y Concello de A Coruña no han tenido problemas para encaminar la creación de la sede. El gobierno de Carlos Negreira (PP) llegó pronto a un acuerdo con la consellería que dirige Alfonso Rueda, del mismo color político. El Ayuntamiento cedió 15.000 m2 de superficie en la antigua fábrica de tabacos, un céntrico y valioso inmueble construido en 1790, actualmente de titularidad municipal. La Administración gallega pagará la rehabilitación y equipará la tabacalera como sede judicial, lo que permitirá a la judicatura coruñesa solucionar sus problemas de espacio para mucho tiempo.

La Ciudad de la Justicia de Vigo se planteó antes que la herculina debido a la rápida saturación de los dos edificios judiciales de la calle Lalín. En 2007 el predecesor de Rueda al frente de la consellería de Presidencia, el socialista Xosé Luis Méndez Romeu, presentó el proyecto. Hoy, los terrenos en los que debería erigirse el complejo siguen igual que entonces y no hay indicios de que vaya a contratarse la obra. Desde aquella presentación de Méndez Romeu hasta el fin del gobierno bipartito en 2009 no hubo avances y la situación empeoró después, ya que el alcalde Abel Caballero y la Xunta están enfrentados por una cuestión esencial: la cesión del suelo necesario para levantar la sede.

La Administración se compromete a construir el edificio y consignó en sucesivos presupuestos 15 millones, pero exige que el Concello ponga los terrenos. Este reparto de gastos se ha convertido en el caballo de batalla que impide el acuerdo, ya que el gobierno local se niega a pagar las parcelas, valoradas en 4,9 millones.

De nada ha servido la propuesta de acuerdo del alcalde Abel Caballero. El Concello cedería gratis una parcela municipal tasada en 1,2 millones y pide a la Xunta que aporte 3,7 para expropiar las fincas restantes con el compromiso de devolver en el futuro la cantidad a través del aprovechamiento que toca al Ayuntamiento en esa zona cuando se construya la urbanización prevista en el Plan Xeral. El Gobierno gallego rechaza esa fórmula y demanda, sencillamente, que se le ceda el espacio como en las demás ciudades. Así las cosas la sede coruñesa va a velocidad de crucero, mientras la viguesa sigue inmóvil.