El ministro de Justicia volvió a dar la espalda esta semana al partido judicial de Vigo. Por tercera vez, ahora en el Senado, Alberto Ruiz Gallardón evitó respaldar la demarcación viguesa pese al clamor social existente e insistió en apostar por un modelo que supere el criterio territorial y se base en la especialización, algo que rechaza la judicatura de la ciudad. Y ha sido en este punto donde introdujo un dato al que no aludió en sus comparecencias anteriores en el Congreso: el titular de la cartera de Justicia pasó la pelota a Xunta y Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) al dejar en sus manos la decisión sobre "las actividades" que se realicen en las sedes judiciales gallegas. Unas palabras que según juristas vigueses no hacen más que añadir "confusión" a cuáles son los planes del ministerio y que ya han tenido contestación del Gobierno gallego. Fuentes de la Consellería de Presidencia señalaron que si deben adoptar con TSXG alguna decisión sobre la planta judicial, dan por supuesto que sería "dentro de un marco general previamente definido por el ministerio" en la futura ley, que aún "no conocemos". "En todo caso, y sea cual sea ese marco previo, nuestra postura va a ser que Vigo mantenga todo su potencial judicial", añadieron las mismas fuentes, que se mantienen sin embargo en su posición de no pronunciarse concretamente sobre la posible eliminación del partido judicial hasta que conozcan "la propuesta del ministerio".

Fue el 7 de mayo en el Congreso cuando Gallardón respaldaba por primera vez el planteamiento de sus expertos de ir hacia un modelo de demarcación uniprovincial. En aquella intervención citó a Vigo, pero para hablar sobre su reforma basada en especialidades. Lo hizo para decir que, por ejemplo, la ciudad olívica podría acoger los tres juzgados de lo Mercantil de la provincia. Un criterio al que se opone rotundamente la judicatura viguesa, que defiende una división territorial -con Vigo con su propio partido judicial- y no una basada en especialidades. "No sabemos lo que quiere hacer Gallardón, hay confusión, ni a que viene que diga que la Xunta tenga que decidir sobre el contenido de las sedes judiciales, porque eso no está en la propuesta; en todo caso, lo que tienen que hacer Gobierno gallego y TSXG es emitir informes sobre lo que considera conveniente, y el Gobierno oírlos, como en todo anteproyecto", opinaba ayer un jurista vigués.

Marco general

La Xunta contesta, sobre esta cuestión, que es el ministerio quien debe definir de forma previa "un marco general", pero que defenderá que Vigo mantenga "todo su potencial judicial". Pero no se pronunciará de forma más concreta hasta que tenga en sus manos la propuesta de Justicia. Así lo dijo también en respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario del BNG, que le inquirió sobre qué actuaciones tiene previstas en relación con el plan de que camina hacia un único partido judicial en la capital provincial: esto dejaría a Vigo sin demarcación. La respuesta de la Consellería de Presidencia fue que será cuando se conozca "el contenido del texto articulado de la nueva ley cuando la Xunta haga valer su propuesta para que la nueva organización territorial de respuesta a las necesidades concretas de los gallegos y gallegas (...)". En esa contestación se señala que se considera esencial la participación de las comunidades autónomas en el proceso de revisión de la demarcación judicial, "en la medida en que son éstas las que dan soporte a los medios materiales para que la Justicia funcione en el conjunto del territorio".