La Zona Franca tendrá que quedarse contra su voluntad con los derechos de explotación de la cantera que compró en Cangas en mayo de 2002, siendo delegado Pablo Egerique, para construir el que iba a ser el polígono industrial del ente estatal en O Morrazo. El siguiente responsable del Consorcio, Francisco López Peña, anuló la adquisición en 2007 al considerar inviable económicamente el desarrollo del parque y reclamó los 3,6 millones que había pagado a la anterior propietaria de la mina, Granitos de Aldán, pero el Tribunal Supremo acaba de invalidar aquel acuerdo de renuncia y confirma el contrato de compraventa. Ahora Zona Franca, ya con Teresa Pedrosa al frente, estudia las posibilidades para buscarle rentabilidad y evitar que siga siendo un terreno muerto que además le ocasiona gastos por pago de canon de concesión.

El Consorcio pagó 3,5 millones por las fincas de Aldán para el fallido parque a las empresas Promalar y Tiempo Libre y Ocio 2000. Además desembolsó otros 3,6 millones por los derechos de explotación minera en una superficie de 700.000 m2 de la cantera afectada a Granitos de Aldán, sociedad que había sido comprada poco antes por Promalar y Tiempo Libre. Tras renunciar en 2007 a desarrollar el polìgono Zona Franca logró recuperar los 3,5 millones correspondientes al suelo, ya que, según fuentes jurídicas del Consorcio, existía una cláusula en el contrato que permitía la reversión en caso de incumplirse los plazos para aprobar el Plan Xeral de Cangas. Sin embargo no se le devolverá el dinero que pagó por los derechos mineros al fallar el Supremo que Zona Franca no podía romper el contrato unilateralmente. La compra de la explotación no estaba condicionada, concluyen los jueces, a que se construyese el polígono, de modo que los derechos mineros han pasado a todos los efectos a ser propiedad del Consorcio.

El ente estatal obtuvo ingresos durante casi cuatro años al alquilar la cantera a la empresa Explotaciones Mineras do Morrazo, que extrajo granito por valor de 2,2 millones -según figura en el informe pericial presentado en el pleito-, pero actualmente el recinto está inoperativo. Las reservas están fijadas en 373.667 toneladas pero las fuentes consultadas indican que la posibilidad de arrendar ahora la cantera es muy compleja, ya que aunque Zona Franca tiene los derechos mineros la propiedad del suelo es de Promalar y la empresa extractora también tendría que llegar a un acuerdo con ésta.

Otro de los polígonos que canceló Zona Franca en tiempos de López Peña, el de Salceda, ha dado aún muchos más quebraderos de cabeza al Consorcio, que está condenado a pagar una indemnización de 15 millones de euros a las mercantiles a las que adquirió el suelo, propiedad del empresario Jaime Gradín.