El ministro de Justicia elude por segunda vez garantizar la continuidad del partido judicial de Vigo. Alberto Ruiz-Gallardón echa balones fuera ante las preguntas de la oposición en el Congreso y se limita a asegurar que la reforma del mapa judicial español "no supondrá el cierre de ninguna sede judicial". La diputada nacional del BNG, Olaia Fernández Davila, lo interpeló directamente en la Sesión de Control al Gobierno sobre el informe de un grupo de expertos que plantea reducir los partidos judiciales a las capitales de provincia, pero no obtuvo ninguna aclaración más allá de que no está previsto prescindir de "ni un solo juzgado" en el conjunto del país.
Lo que avanzó el titular de Justicia es que habrá cambios en la organización de las salas al considerar el actual modelo territorial "superado y agotado". "Los criterios de territorialidad serán sustituidos o complementados por criterios de especialización para racionalizar las infraestructuras", contestó Gallardón a las preguntas del Bloque. Defendió que la creación de la nueva figura de los tribunales de instancia "supondrá una flexibilización de las actividades en cada sede judicial. La distribución actual impide una movilidad adecuada", sentenció sin especificar cómo se repartirían los juzgados de los distintos órdenes.
La intención de Fernández Davila era que el ministro reconociera la situación excepcional del partido judicial vigués, que pese a no estar ubicado en la capital de provincia atiende a tres veces más población que el de Pontevedra y casi lo quintuplica en actividad. Este argumento utilizado por el conjunto de los jueces, abogados, procuradores y fuerzas políticas de la ciudad fue reiterado por la parlamentaria en Madrid. "¿No cree que en el caso concreto de Vigo es un sinsentido privarlo de partido judicial?", pregunta a la que el ministro eludió contestar. Gallardón matizó que por ahora solo existe "un borrador" para reformar el mapa judicial que supondría la reducción de 45 a cuatro de los partidos judiciales en Galicia y obligaría a Vigo a depender de nuevo de Pontevedra como sucedía a principios del siglo XIX.
El ministro aseguró al principio de su intervención que "el Gobierno no tiene intención de establecer un único partido judicial por provincia", como apunta este documento, pero el resto de su discurso fue mucho más ambiguo y el Ministerio de Justicia declinó realizar cualquier aclaración a FARO. "No tenemos nada más que añadir ni aclarar a la comparecencia parlamentaria del ministro".
Los anteproyectos para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Demarcación y Planta se esperan para otoño, pero hasta entonces la causa de Vigo y otras grandes ciudades como Gijón y Elche que no son capitales de provincia pero tienen una abultada actividad judicial sigue sumando apoyos. El último se lo prestaron ayer los presidentes de 41 Audiencias Provinciales españolas reunidos en Santander. Durante unas jornadas de trabajo reclamaron al Gobierno que se tenga en cuenta "la singularidad de las grandes ciudades".
Sus conclusiones defienden que en la configuración de los nuevos tribunales de instancia que equivaldrían al actual partido judicial, "debe admitirse la posibilidad de que existan distintos dentro de la misma provincia, tales como Asturias (Gijón), en Pontevedra (Vigo), Alicante (Elche) o Cádiz (Jerez), tomando en consideración núcleos poblacionales de relevancia". Añaden que los presidentes de los nuevos tribunales de instancia serían los actuales jueces decanos y que "en las provincias donde exista más de uno habría un segundo presidente, como ocurriría en los casos ya vistos de Asturias, Cádiz o Pontevedra".
El presidente de la Audiencia pontevedresa, Francisco Javier Menéndez Estébanez, defendió tras el encuentro de ayer que habilitar un único partido judicial en Pontevedra supondría "una desubicación geográfica excesiva". También volvió a criticar el modelo uniprovincial de justicia el presidente de la Asociación Avogados Novos de Vigo, Fabián Valero, denunciando que el ministro "mantiene todo en un limbo con el fin de desviar la atención pública sobre lo que está haciendo en justicia".
