La congelación de las ofertas de empleo público y las contrataciones temporales salvo para cubrir "necesidades urgentes" está teniendo una repercusión directa en las administraciones. El decreto-ley 20/2011 para la reducción del déficit público entró en vigor en enero del pasado año y quince meses después Galicia registra un descenso medio del 13% de los asalariados del sector público, caída muy superior a la registrada en la industria y que se notó especialmente en Pontevedra y Vigo.
La ciudad olívica cerró el primer trimestre del año con 2.400 personas menos trabajando para algún organismo público que hace doce meses. La cifra de funcionarios de carrera, personal laboral, interinos y eventuales que las tres administraciones tienen en la primera ciudad de Galicia se redujo a 16.700 personas tras la caída del 12% experimentada en el último año por las restricciones a la contratación impuestas desde Madrid.
Vigo se mantiene como la ciudad gallega con menor porcentaje de población cuyos ingresos dependen del Estado, la Xunta o el Concello, pero en estos últimos doce meses la urbe que más ha sufrido los recortes públicos de personal ha sido Pontevedra, que vio descender un 24,7% su número de asalariados públicos pasando de los 9.300 trabajadores que tenía al inicio de 2012 a los actuales siete mil.
En A Coruña el descenso fue de un 9,6%. La ciudad herculina cerró marzo con 22.600 asalariados ligados a la administración, una importante bajada con respecto al récord de 25.000 que marcó hace apenas un año, pese a lo cual se mantiene como la ciudad gallega con mayor peso del empleo público al ser sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de la Delegación del Gobierno en Galicia y en la ciudad está ubicado también un Cuartel General de la Fuerza Logística Operativa y una Subdelegación de Defensa.
Esta amplia infraestructura unida a la fuerte presencia de la administración autonómica elevan la dependencia del municipio respecto a las instituciones. Un 25% de los asalariados de A Coruña trabajan para el Ayuntamiento, la delegación de la Xunta u organismos estatales mientras que en Vigo este porcentaje se reduce a un 17%. Esta situación se debe en parte a una menor presencia institucional por no ser capital de provincia. Esta explicación es válida también para el fenómeno contrario representado por Santiago de Compostela, capital de Galicia y sede del cuartel general de la Xunta, donde un 37% de los asalariados trabajan para alguna institución.
Pontevedra
En Pontevedra son un 27% los trabajadores por cuenta ajena ligados a la administración, un 29% en Ourense y un 33% en Lugo. Hasta mediados del pasado año la Encuesta de Población Activa revelaba que Ferrol era la ciudad gallega con más contratados públicos respecto al volumen total de asalariados y de población. Llegó a septiembre de 2012 con 11.200 vecinos empleados en las instituciones, pero el Instituto Galego de Estadística no tiene actualizados los datos a partir de ahí.
En el conjunto de la comunidad, la tasa de reposición del 0% impuesta por el Gobierno central y la prohibición de incorporar personal interino se ha traducido en un retroceso del empleo público del 13%. En Galicia había en marzo, último dato cerrado, 172.400 personas cuyo salario procede de entes públicos frente a las 199.900 contabilizadas hace justo un año. Las cifras son claras y, por provincias, es Pontevedra la que más ha notado el freno en la contratación pública, con un descenso del 20%, seguido por el 16% de Ourense, el 13% de Lugo y el 9% de A Coruña.
El portavoz de Administración Local de la CIG, Antonio López, considera que los ajustes se están notando más en la administración autonómica por su fuerte penetración en todo el territorio gallego y advierte que el decreto-ley para reducir el déficit "es un engaño". "Cómo es posible que haya menos empleados y aumente el gasto de las administraciones en el capítulo I de personal. Eso significa que se están pagando horas extra y que no se reducen asesorías y personal de confianza", denuncia el portavoz sindical. Desde la CIG defienden que España mantiene unas ratios de funcionarios inferiores a las de Francia y Alemania y que "no sobra personal", sino que está mal distribuido.
