Hace ya más de un año, un vigués dueño entre otros negocios de una discoteca denunciaba ser víctima de una extorsión policial en la que según su versión le exigían dinero para que no tuviese problemas con los horarios de cierre o mediciones de ruido. Un caso que ha acabado archivado al no apreciar la juez "elemento alguno" ni "indicios firmes ni solventes" que acrediten tal coacción. La denuncia presentada por este hombre, M.H.R., no prosperó. Lo que sí fue adelante y ya solo está a la espera de juicio es otro procedimiento distinto que casualmente llevó el mismo juzgado y en el que este empresario tiene una posición procesal bien distinta: la de imputado. El caso es por presunto fraude fiscal de más de 236.000 euros y el fiscal solicita para él, un hermano y para la madre una pena de 3 años de prisión y multa de 470.000 euros como supuestos autores de un delito contra la Hacienda Pública.
Los dos casos cayeron en el Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo. El de la denuncia por supuesta extorsión policial presentada por el empresario acabó sobreseído en un auto que le fue notificado el pasado abril: no hubo recurso, por lo que el archivo ya es firme. En él, la juez no aprecia "debidamente justificada la comisión de los hechos denunciados": "De lo actuado no resultan indicios firmes y solventes de que por parte de la Policía Local de Vigo se esté llevando a cabo una actuación sobre la persona, negocios o actividades del denunciante que integre un delito de coacciones, extorsión ni otra infracción punible".
Infracción
Nada de lo aportado ni practicado llevó a la identificación de ningún agente al que se pudiese imputar infracción penal alguna. Pero tampoco, se resalta en la resolución, hay "elementos suficientes" para que "generalizadamente" puedan entenderse acreditadas las presuntas infracciones. Nada se pudo confirmar de las supuestas llamadas extorsionadoras, ni se hallaron elementos "objetivos" que acrediten "manifestaciones subjetivas" del denunciante, como las de que la actuación policial también buscaba "favorecer a una discoteca competidora". Un local que emprendió pleitos asimismo contra M.H.R.
El juzgado destaca que las denuncias por incumplimiento de horario o las mediciones sonométricas no son extorsión, sino "actuaciones propias" de la Policía y frente a ellas se puede emprender la vía administrativa. Y afirma que, al contrario, existe "un deber de denuncia", citando que el propio denunciante cursó varias actuaciones de este tipo frente a la discoteca "que denomina competidora" atribuyéndole incumplimiento de horario.
En este mismo juzgado se llevaba otra investigación en un procedimiento totalmente distinto que pronto llegará a juicio. El caso es por fraude fiscal y el imputado es M.H.R. El fiscal ya formuló escrito de acusación y les atribuye a él, a un hermano y a la madre, como socios de una empresa dedicada a la vigilancia y protección de bienes, establecimientos o espectáculos, entre otros fines, una defraudación de 236.422 euros con el IVA de 2004.
