"¿Qué pecado han cometido los vigueses para no merecer el mismo trato que los habitantes de Soria o Teruel?". La pregunta la lanza José Muelas. Decano del Colegio de Abogados de Cartagena, este letrado carga contra un criterio que no duda en definir como "pernicioso": el provincial. Esa división territorial que data de 1833 ha cobrado un polémico protagonismo en los últimos meses. El principal, de mano de la modificación legal que prepara el Ministerio de Justicia con la intención de crear partidos judiciales uniprovinciales con sede en las capitales. También un documento de trabajo con origen en este caso en el Ministerio de Economía apunta al concepto centralizador -un ámbito autonómico y excepcionalmente provincial- para reconvertir la red de colegios de abogados. Una y otra reforma han generado reacciones. Y son especialmente censuradas en ciudades que como la viguesa no ostentan la condición de capital y que, pese a su peso poblacional, su actividad económica o su litigiosidad, ven peligrar su estatus judicial en base a un criterio nacido en el siglo XIX.
Todo Vigo alzó la voz tras trascender el informe del comité de expertos de cara a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ): de llevarse a cabo supondría la desaparición de su partido judicial, pese a que su ámbito de población de más de 341.000 habitantes triplica al de la capital Pontevedra y su actividad judicial, en forma de más de 87.000 pleitos anuales, la quintuplica. El rechazo a las demarcaciones uniprovinciales se escuchó más alto cuando el propio ministro Alberto Ruiz Gallardón refrendó la propuesta.
Igual que en la olívica, en otras ciudades que no son capital rechazan de plano la reforma. Un ejemplo es Cartagena, en Murcia, partido judicial que atiende a casi 250.000 ciudadanos. "La Justicia debe estar donde están las personas; y si en Teruel o Soria hacen falta tribunales de instancia, que hacen falta, con más razón en Vigo, Gijón, Cartagena, Jérez o Elche", clama el decano de los letrados de Cartagena. "Pensar en provincias es una aberración, y donde no tiene ningún sentido es en la primera ciudad de Galicia; eso es desconocer lo que es Vigo", insiste José Muelas.
La voz de este jurista se escucha en un vídeo que desde el martes circula por internet. En él se defiende la labor y la supervivencia de los colegios de abogados, en este caso a tenor de otra batalla: la del borrador que trascendió de cara a la nueva Ley de Servicios Profesionales que prepara el Ministerio de Economía y que motivó un pronunciamiento en contra por parte del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). "Los contactos que hemos tenido a nivel político nos tranquilizan, parece que se han dado cuenta de que se cargarían la justicia gratuita; pero estamos en fase de persuasión para que la propuesta de reducción de colegios no se materialice en anteproyecto y ese vídeo ha sido una de las iniciativas", explica.
Otro partido judicial con peso en su provincia, Alicante, es Elche. La decana de sus abogados, María del Carmen Pérez, describe situaciones idénticas a las que sufrió Vigo por no ser capital: "Tenemos dos secciones de la Audiencia, la lucha para conseguirlas fue terrible". "Pero lo peor fue lograr el Juzgado de lo Mercantil", añade, para referirse a otra batalla similar a la que libró la ciudad olívica. El concepto provincial que quiere imponer Gallardón es "un retroceso al siglo XIX". "Centralizar lo que tanto costó descentralizar es ilógico; debe primar la proximidad de la Justicia al ciudadano", dice Pérez, aplicando igual criterio para defender los 83 colegios de letrados de España.
Error "histórico"
En Reus, en Tarragona, hubo en abril una jornada donde se destacó el servicio a la sociedad que prestan estos colegios. El decano de abogados en Reus, Pere Lluís Huguet, considera que el criterio autonómico o provincial para estructurarlos sería "un error histórico": "Confiamos en que la sensatez guiará a los diputados y al Gobierno, y que ese borrador se modifique". Sobre la reforma de partidos judiciales, la ve "inviable", "impracticable" y un ejemplo de que el ministerio "desconoce la realidad". Y en Galicia, la decana de letrados en Ferrol, Nieves Santomé, también clama contra la centralización. "No tiene sentido, ni a nivel de colegios ni de partidos judiciales", opina. "Sería alejar la Justicia", concluye.
