Más de 400 funcionarios judiciales, abogados y representantes de distintos sectores vinculados a los juzgados de Vigo se han movilizado este miércoles para defender el partido judicial vigués y en repulsa a las últimas medidas impulsadas por Gallardón, como las tasas judiciales o la privatización del Registro Civil.
Los asistentes a esta concentración, la más multitudinaria de los últimos meses, corearon diversas consignas defendiendo el servicio público de la Administración de Justicia y pidiendo la dimisión del ministro Gallardón. Denuncian además que con estas reformas, el ministro pretende "demoler" la Administración de Justicia y que las últimas medidas afectan no solo a los trabajadores del sector sino también a los propios ciudadanos, tal y como advirtió Pablo Valeiras, portavoz de CCOO - Xustiza en Galicia.
Los participantes se concentraron primero ante los edificios judiciales de la calle Lalín y, a continuación, se trasladaron a la calle Coruña, donde protagonizaron una sentada y cortaron el tráfico en la Plaza de América.
Durante la marcha se pudieron ver varias pancartas, enarboladas por los sindicatos judiciales convocantes, la Plataforma Una Justicia para Todos y otra por los afectados por las participaciones preferentes.
A la movilización se unieron además de funcionarios, abogados, secretarios judiciales y, al menos, una juez. También asistieron miembros del Colegio de Abogados como José Vila, representantes de la Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos; miembros de los partidos poíticos como Rubén Pérez de EU. Previamente, la marcha había recibido también el respaldo del Partido Socialista, Avogados Novos y Un Colegio para Todos, así como grupos políticos como IU o Anova.
Abogados como Fina Barros destacaron además que los cambios legales del ministro "son muy graves" y, sobre la reforma de los partidos judiciales, aclararon que el hecho de que Vigo pierda su demarcación sería "gravísimo" y supondría retroceder a "años remotos".
¿Los motivos concretos de la movilización? La propuesta de crear partidos judiciales uniprovinciales con sede en la capital -en este caso Pontevedra- es uno de los principales. Pero hay más. Otras cuatro iniciativas de Gallardón engrosan la lista: a las tasas judiciales ya vigentes y a la privatización del Registro Civil se une la reforma del Código Penal, que prevé dejar la instrucción en manos de los fiscales, y el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este caso, los sindicatos se oponen que se otorguen competencias a los procuradores que ahora hacen los funcionarios, como funciones de notificaciones y embargos:"Es una privatización de los actos de comunicación y roza la ilegalidad". Los recortes laborales y salariales completan el grueso de las reivindicaciones.
