No solo las ejecuciones hipotecarias están protagonizando una importante parte del trabajo de los doce magistrados de Primera Instancia que hay en Vigo. Las demandas de afectados por participaciones preferentes también son competencia de los tribunales civiles. Y el goteo de este tipo de pleitos, como se preveía, va en aumento: desde que se creó el turno especial en los juzgados para registrar estos casos, hace menos de un mes, ya se contabilizaron un total de 61 asuntos, lo que supone una media de dos diarios.

El turno específico para preferentes y subordinadas se puso en marcha el pasado 25 de abril. "Se nota que cada día están entrando más", describen. Esta situación no ha cogido por sorpresa a los jueces, que todavía prevén una avalancha mucho mayor de pleitos. Precisamente, en la junta de hoy se abordará también la posibilidad de establecer medidas ante está más que probable entrada masiva. Una de ellas pasaría por un equipo de apoyo formado por juez, secretario y funcionarios de refuerzo.

El debate abierto sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la de Demarcación y Planta del ministro Gallardón tiene un objetivo claro para esta ciudad: lo importante para Vigo es seguir siendo partido judicial como hasta ahora, en virtud de su harto elocuente peso territorial, poblacional, económico y social en el conjunto de Galicia.

Por ello, la cuestión no es si Vigo mantendrá las salas y los juzgados que tiene en la actualidad o no; solo faltaría a estas alturas del siglo XXI. Ni si va a conservar o no sus niveles de asistencia jurídica; hasta ahí podíamos llegar. Ni tampoco está en duda que la mayor ciudad de Galicia tenga que dotarse de mayores recursos jurídicos acorde con la demanda existente; pues claro que sí.

Lo que se debate aquí es si va a seguir siendo partido judicial o no, así de concreto, así de simple, así de claro. Eso es lo importante y lo que está en juego. Y no admite ni rodeos ni enredos.