Los importantes cambios en materia judicial que impulsa el ministro Alberto Ruiz Gallardón se están topando, uno tras otro, con el absoluto rechazo de la judicatura. Un ejemplo de esta oposición y malestar con las políticas del Ministerio de Justicia es el hecho de que más de 350 jueces de toda España acaban de poner su rúbrica en un manifiesto contra la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que se encuentra en trámite parlamentario. Y entre los magistrados que han puesto su firma en el documento -en el que se hace una defensa de la "independencia judicial" y se expone también "la grave situación de deterioro estructural" de la Administración de Justicia por la falta de medios materiales y personales- hay más de quince jueces de Galicia, tres de ellos de Vigo.

La política de indultos o el drama de los desahucios ya habían protagonizado dos manifiestos secundados por magistrados y otros operadores jurídicos. En esta ocasión, el documento que acaba de salir a la luz clama contra el proyecto de ley que atañe directamente al Poder Judicial. El escrito ha sido impulsado por el colectivo progresista Jueces para la Democracia: se está distribuyendo en el conjunto de la judicatura y está siendo firmado por magistrados de distintas asociaciones y no asociados. Entre los más de 350 firmantes iniciales hay tres jueces de Vigo: los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial Julio Picatoste Bobillo y Magdalena Fernández Soto, así como la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, María Paz Filgueira Paz. También figuran otros trece magistrados que ejercen su labor en otros puntos de Galicia, como Redondela, Pontevedra, A Coruña, Lugo, Ferrol, Arzúa y A Pobra de Trives.

El documento denuncia que la reforma del CGPJ supone "un ataque a la independencia judicial y al principio de división de poderes", lo cual, desde el punto de vista de los que lo secundan, "resulta especialmente preocupante en un momento en el que se encuentran imputados por asuntos de corrupción centenares de cargos públicos".

Los firmantes critican que la crisis se ha convertido "en el pretexto para desmantelar el Estado del Bienestar y quebrar todos los consensos creados para garantizar la convivencia pacífica y constructiva". Centrándose en la Justicia, de la que denuncian "su grave situación de deterioro estructural" por falta de medios, dicen que las tasas, el despido de más de 1.200 jueces interinos y la falta de convocatoria de oposiciones "han debilitado la ya delicada estructura judicial", al tiempo que "han condenado a cientos de miles de personas a litigios que duran más allá de lo razonable", debilitándose los "medios de tutela "de los colectivos más sensibles a la crisis. Y en este contexto, denuncian que ahora se pretende "deteriorar la independencia judicial" con un proyecto de ley "en el que arrebata importantes competencias al órgano de gobierno del poder judicial" y que "supone una subordinación del poder judicial al poder político". Una situación "crítica" por la que exigen a Gobierno y poderes políticos un Pacto sobre Justicia para garantizar la independencia judicial.