La protesta de profesores y alumnos contra la aplicación de los ajustes del denominado "decreto Wert" en la Universidad de Vigo acaba en el juzgado de guardia. Doce estudiantes y tres docentes presentaron una denuncia por la reanudación del Consello de Goberno a puerta cerrada. El PDI laboral, la plataforma de profesores asociados y representantes del alumnado consideran que se incumplió el régimen interno que declara las sesiones "abiertas a los miembros de la comunidad universitaria" y solicitaron la mediación del presidente del Tribunal de Garantías, Argimiro Rojo. "Intentaron limitar por la fuerza el ejercicio del derecho fundamental a la información", consta en la denuncia. Por su parte, la Universidad defiende que fue necesario "recurrir a los servicios de seguridad para garantizar el trabajo de un órgano democrático en el que están representados todos los sectores".

El rector, Salustiano Mato, abrió el Consello advirtiendo de la obligatoriedad de aplicar el Decreto 14/2012 de racionalización del gasto público. Los profesores asociados prevén el despido de más de 200 personas al incrementarse la carga lectiva de los docentes funcionarios y exigen su retirada. Pero en contra de su petición, Mato recordó que "las universidades españolas están sometidas a una auditoría y para evitar a medio plazo la intervención de la hacienda pública es necesario tener las cuentas saneadas y acatar las normas vigentes".