Casi 200 funcionarios se rebelan contra la ´barbarie´ de la reforma del Registro Civil

La oficina estuvo cerrada casi una hora ya que sus 17 trabajadores se unieron a la protesta

22.03.2013 | 09:39
Unos 200 trabajadores judiciales participaron ayer en la manifestación celebrada en Vigo. // Ricardo Grobas
Unos 200 trabajadores judiciales participaron ayer en la manifestación celebrada en Vigo. // Ricardo Grobas

Una privatización contra la que ayer se protestó... a ritmo de gaitas. Unos 200 funcionarios, así como varios abogados y procuradores, se concentraron ante los juzgados y marcharon en manifestación hasta la praza de América para mostrar su repulsa a la reforma del ministro Alberto Ruiz-Gallardón con la que se proyecta dejar los registros civiles en manos de los registradores de la propiedad, lo que conllevaría para los ciudadanos el pago de aranceles por trámites ahora gratuitos. Durante la protesta, que duró casi una hora, el Registro Civil de Vigo estuvo cerrado al público ya que sus 17 funcionarios, que se verán afectados por este cambio legal, participaron en la movilización: una de estas trabajadoras fue la encargada de leer un manifiesto en el que se denunció este "repago judicial" y se defendió "un servicio público, universal y gratuito".

Si anteriores movilizaciones judiciales se centraron en la repulsa al tasazo, ya en vigor, ayer el protagonismo recayó en la reforma del Registro Civil, en fase de anteproyecto, que los convocantes tildan de "barbarie". Fueron los sindicatos quiénes organizaron movilizaciones en toda España: la presidenta de la junta de personal en Vigo, Mercedes Vázquez, alertó de que con esta reforma habría que pagar "entre 10 y 40 euros" por certificados de nacimiento, defunción, matrimonio, fes de vida..., al tiempo que recordó que la ley proyecta centralizar los registros civiles en capitales de provincia y algunas grandes ciudades. Vigo englobaría todo el sur provincial. "Un vecino de A Guarda tendría que desplazarse para este trámite; sería un gasto añadido al arancel", ejemplificó otro sindicalista.

Al margen del pago de aranceles por parte de ciudadanos, la privatización afectará a los 200 funcionarios de los registros civiles de Galicia, que temen que, una vez la ley se apruebe y sean recolocados en otros juzgados, los muevan de localidad. Dos veteranas trabajadoras del Registro de Vigo, una de ellas Ángela Alonso, que leyó el manifiesto, destacaban la "desinformación" en torno a esta ley. "No sabemos lo que va a pasar con nosotros", dijeron, al tiempo que mostraban su preocupación por la incidencia de la reforma en los ciudadanos: "¿Cómo se va a garantizar por ejemplo la privacidad y protección jurídica de los datos que se manejan en los registros?" Otro aspecto que se deberá aclarar será qué organismos se harán cargo de las intervenciones para trámites del Registro Civil que ahora hacen la Fiscalía y los forenses. Los fiscales, por ejemplo, intervienen cada semana en unos 70 o 80 expedientes.

 

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