El Concello considera que las entidades financieras deben contribuir al bienestar común de la ciudad. En esta línea, hace años implantó una tasa que grava la ocupación que los bancos y cajas hacen de la vía pública con su servicio de cajeros automáticos. Las arcas municipales recaudan por cajero y año entre 71 y 171 euros, en función de la ubicación de la calle. Un precio módico que el Gobierno local planea ahora elevar hasta cuadriplicarlo en las zonas más céntricas.

Esta mayor presión fiscal sobre las entidades financieras tendrá repercusión directa en los servicios. La pretensión del regidor es destinar estos ingresos a la partida de fines sociales. "Ya es momento de que los bancos cooperen con la política social de la ciudad", destacó el alcalde, Abel Caballero.

La horquilla que el regidor propondrá para este impuesto municipal será similar a la que acaba de establecer el Ayuntamiento de Barcelona, donde el pasado viernes el gobierno de Convergència i Unió fijó de forma provisional entre los 133,6 a los 669 euros, gracias al apoyo del Partido Popular, que también puso como "condición irrenunciable" destinar esta recaudación a políticas sociales como el pago de alquileres.

La medida supondría la modificación de la ordenanza fiscal sobre el Aprovechamiento del Dominio Público, que grava tanto la actividad de los cajeros automáticos con frente a la calle como la instalación de surtidores de gasolina, máquinas de venta automática, casetas de obra, colectores de residuos de obra o conducciones de servicios, entre otros.

Vigo fue una de las ciudades pioneras en la implantación de este impuesto, siguiendo la tesis de que este servicio lucrativo que prestan las entidades a través de instalaciones en la fachada de los edificios requiere la ocupación de la vía pública por parte de sus clientes. Acuciados por la caída de la recaudación y buscando los recovecos para ampliarla en su estrecho margen fiscal, numerosos ayuntamientos gallegos y españoles han seguido la misma senda.

La tasa estipulada en la ciudad olívica está entre las más bajas de las cobradas. Entre las más elevadas figura la que impuso el Concello de Ribadavia en enero de 2012: percibe 2.920 euros por cajero externo y año. En Ponteareas el tributo es de medio millar de euros y en Cangas de 360 euros, mientras que la ciudad de A Coruña, que tampoco diferencia por calles, es solo de 210 euros. En la actualidad, los que carecen de esta fuente de ingresos la plantean y algunos de los que ya se benefician de ella proponen ampliarla.