El relevo de la empresa que gestionaba los parkings de Venezuela, Coruña y la Plaza de Fernando el Católico autorizado por el Concello en 2011 se ajustó a derecho. El Juzgado de lo Contencioso número 2 de Vigo lo considera así al desestimar el recurso presentado por Conycase, la anterior concesionaria, contra la decisión del gobierno local de ceder la explotación a IC Gómez Ulla S.L. El magistrado concluye que se cumplieron todos los requisitos formales y que la actual encargada del servicio acreditó con los documentos necesarios la solvencia y capacidad para asumir la gestión de los estacionamientos subterráneos, que suman 1.300 plazas.
Los aparcamientos habían sido subastados a instancias de un acreedor de Conycase, empresa que pertenece al abogado Manuel Núñez, implicado en una trama de corrupción urbanística en el municipio de Totana (Murcia). La demandante que instó la puja obtuvo la titularidad de los tres parkings en 2010 y después cedió la concesión a IC Gómez Ulla. El gobierno local autorizó la transmisión el 14 de marzo de 2011 y a finales de junio de ese año la nueva titular pasó a encargarse de la gestión. Núñez recurrió la cesión ante los tribunales.
El Juzgado de lo Contencioso número 2 da ahora la razón al Concello. El magistrado desestima todos los argumentos de Conycase en relación a defectos formales en la decisión del gobierno local de quitarle la concesión. En opinión de la empresa el gobierno local carece de capacidad para autorizar el cambio y correspondería al pleno esa competencia. El magistrado lo rechaza y señala que la Ley de Bases de Régimen Local deja clara la potestad del Ejecutivo en esa función.
La construcción y explotación de los tres aparcamientos fue adjudicada en 1988 por un periodo de cincuenta años a la empresa Vigo Parking, que una década después los cedió a Conycase. El Concello autorizó entonces aquel cambio, pero en 2008 el gobierno local llegó a iniciar un expediente para rescatar la concesión por impago de cánones e impuestos municipales. La medida no se llevó a efecto, pero posteriormente los estacionamientos fueron embargados por deudas. Se señalaron subastas individuales a raíz de procedimientos iniciados por los acreedores, pero el Ayuntamiento advirtió de que los tres parkings deberían tener un único titular al haber sido adjudicados conjuntamente. Inmogestora Hispánica de Suelo S.L., obtuvo la concesión tras la puja y la cedió a IC Gómez Ulla.
Solvencia acreditada
El juez explica que el Ayuntamiento actuó "conforme a derecho" en todos los pasos hasta la sustitución de la concesionaria. La nueva empresa titular demostró con la documentación exigida que cumplía todos los requisitos legales y los servicios técnicos y jurídicos municipales emitieron los informes necesarios. "Una vez acreditadas la capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera y técnica del nuevo concesionario, y que no incurre en prohibición de contratar con el sector público, el Concello no puede denegar la autorización de la cesión, ya que queda garantizada la continuidad del servicio para cuya explotación en el dominio público se ha otorgado la concesión", reza el fallo.
La empresa que se ha hecho con la explotación quedó "sujeta a los mismos plazos de duración de la concesión y a las mismas obligaciones de conservación y reintegro y restitución al término del plazo", agrega la sentencia. El servicio de contratación del Concello había valorado sin objeciones la documentación que presentó IC Gómez Ulla y el tesorero municipal atestiguó que cumplía con las obligaciones tributarias.
El Ayuntamiento puso entre sus condiciones para la transmisión que la firma asumiese el pago de las deudas pendientes y subrogase al personal que trabajaba en los tres parkings. Funcionarios de la oficina judicial, y representantes de IC y del consistorio formalizaron la toma de posesión de la nueva concesionaria entre junio y julio de 2011. La sentencia que acaba de emitir el Juzgado de lo Contencioso es susceptible de apelación.
