El fiscal pide la absolución de un interventor bancario acusado de quedarse con 102.000 euros de un cliente

"Si fuese él, sería el delincuente más torpe de la historia"

13.03.2013 | 07:42

Un interventor bancario se sentó ayer en el banquillo de la Audiencia acusado de quedarse con 102.000 euros (17 millones de pesetas) que un cliente depositó en la oficina mediante la adquisición de pagarés del Tesoro en 1992, época en la que estaba en vigor una amnistía fiscal impulsada por el entonces ministro Solchaga para regularizar dinero negro. Son los familiares del cliente, ya fallecido, quienes ejercen la acusación particular y piden que el imputado, F.J.M.P., sea condenado a 6 años de prisión por apropiación indebida. Distinta es la posición de la Fiscalía: solicita la absolución ya que, por el devenir de los acontecimientos de este excepcional caso, se podrían plantear "hasta diez versiones distintas" de lo que ocurrió con aquel dinero. El fiscal no duda de que alguien "actuó delictivamente", pero insistió en que no hay "ni una sola prueba" que apunte al interventor, añadiendo incluso que si hubiese sido él el culpable, "sería el delincuente más torpe de la historia".

Atípico, excepcional, raro o sospechoso. Son adjetivos que se escucharon en el juicio para calificar lo ocurrido con esos 102.000 euros. Todo se remonta a 1992. El cliente, entonces de 62 años, adquirió en el banco pagarés del Tesoro por un valor de reintegro del dinero por el que ahora se pleitea: entonces había una amnistía fiscal y esos pagarés gozaban de opacidad fiscal. Se le entregaron resguardos de inversión ya que los originales tardaban unos meses.

En 1993, a la fecha de vencimiento, nadie se presentó sorpresivamente a reclamar el dinero, que se remitió a la oficina central en Madrid a la cuenta "Depósito en presunción de abandono". Lo excepcional es que años después, en 1999, fue solicitado por partida doble. En abril, una persona que se identificó como quien había depositado esos fondos, los pidió. Tenía los pagarés originales al portador y presentó DNI: el interventor acusado le hizo el abono tras la autorización de Madrid, aseguró ayer en la vista. El problema es que dos meses después llegó al banco el cliente verdadero: el otro era un impostor. Le explicaron que ya habían entregado el dinero a esa otra persona que había llevado los documentos originales, pero él acudió a diario a la oficina para seguir reclamando lo suyo. Su familia, representada por el letrado Jorge Salgado, dice que ya había pedido años antes su dinero: "Le decían que lo dejase, que daba intereses". Ellos no dudan de que fue el interventor quien se quedó con el dinero. El acusado lo niega. Un hermano del cliente fallecido estalló en el juicio: "¡Que deje de mentir y devuelva el dinero!".

 

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