La firma Bautista Administradores ha empezado a suscribir reconocimientos de deuda con algunos de los afectados por la supuesta estafa a comunidades de propietarios. Con ello la compañía -denunciada por apropiación indebida- puede lograr que los débitos admitidos esquiven la vía penal y se encaucen por la civil. Se esquivarían así las penas de cárcel que pudieran derivarse. Mientras, los juzgados de instrucción de la calle Lalín buscan una fórmula que les permita organizar el "vendaval" de demandas que está levantando la gestora olívica. Solo en los últimos 15 días la oficina de reparto judicial recibió ocho denuncias y querellas distintas. Desde el 22 de enero el número de demandas "vivas" distribuidas por los Juzgados de Instrucción 3, 5, 6 y 7 se eleva a 13. Todas ellas se acumularán en un único juzgado, el que haya recibido la primera denuncia. A raíz de la respuesta emitida por Fiscalía a un bloque de afectados -que solicitaron su intervención de oficio- se avanzó que el caso recaería en Instrucción 6. La decisión final sin embargo aún no está adoptada pues finalmente podrían acumularse en el 7.

Las comunidades de propietarios víctimas de la presunta estafa trabajan también para mejorar su organización. La plataforma que los representa celebró ayer una asamblea en las oficinas de la Federación Vecinal "Eduardo Chao" durante la que se acordó solicitar a los bloques afectados un pago único de 10 euros para afrontar sus gastos. "Ahora mismo el dinero está saliendo de los bolsillos de la directiva", explica su presidenta, Lucía Martínez. El primer uso de los fondos será realizar 2.000 fotocopias de una nota informativa que se repartirá en la calle. La reunión celebrada en Praza da Princesa dio su visto bueno también a la concentración que los afectados celebrarán este sábado a las 10.00 horas ante la comisaría de la Policía Nacional, en López Mora. El objetivo, como apunta Martínez, es que cada bloque damnificado presente -a lo largo de una misma mañana- su denuncia particular.

Los damnificados planean también abandonar la forma de "plataforma" y constituirse como asociación para gozar así de personalidad jurídica. Ese "salto" se producirá sin embargo cuando se haya sumado al colectivo un número representativo de afectados. Según los datos que esgrime la propio administradora en su página web, Bautista llegó a trabajar con una cartera de 400 comunidades y 16.000 viviendas y locales, así como un millar de propiedades en alquiler. En solo tres semanas de vida ya se han adscrito a la plataforma de afectados cerca de 40 bloques.

Un mes de "escándalo"

El escándalo de Bautista Administradores saltó a principios de febrero tras hacerse pública la denuncia de los residentes del edificio Doctor Canoa 10 por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y falsificación de documento mercantil. De inmediato otros bloques de la ciudad alertaron de que la firma de la calle San Salvador habría trabajado de manera irregular con sus cuentas. A la semana los damnificados ya protagonizaban actos de protesta en la calle. El "agujero" que supuestamente había generado Bautista, denunciaban, se elevaba a los siete millones de euros. La firma nunca reconoció más de un millón y siempre rechazó las acusaciones de estafa. Según sostiene, la falta de fondos responde a un ejercicio de "mala gestión".

Lo cierto es que a mediados del pasado mes saltaba a los titulares que Hacienda había embargado las cuentas de la administradora por un débito de 84.000 euros. Para resarcirse, el organismo público envió un escrito a los clientes que aún debían sumas a Bautista para que ingresasen el dinero en una cuenta del fisco. Poco después las oficinas de la gestora amanecían con la verja a medio bajar, con su plantilla reducida de forma considerable y sin apenas actividad. Su intención de cerrar las puertas ya se avanzara días antes a través de estas páginas.

Desde entonces se han sucedido los actos de protesta y las peticiones de los afectados para que la Administración tome cartas en el escándalo. Los damnificados llegaron a apelar al Concello, Diputación, Xunta e incluso Ministerio de Justicia, así como a la Fiscalía provincial.