La junta de tratamiento de la cárcel pontevedresa de A Lama se ha posicionado en contra de la concesión del tercer grado, así como del indulto, al extoxicómano vigués, David Reboredo, condenado a siete años por vender una papelina.

Según fuentes conocedoras del caso, este dictamen no es en cualquier caso vinculante, de forma que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tendrá la última palabra para decidir sobre el tercer grado del interno vigués de 44 años y vecino del barrio de O Calvario. Pese a que las posibilidades de obtenerlo eran mínimas -el propio abogado del recluso admitió que era excepcional la concesión de ese estatus cuando no se había cumplido al menos la mitad de la pena-, el grupo de apoyo a David Reboredo lo había solicitado alegando su desintoxicación probada y su buen comportamiento en la prisión de A Lama, en donde ingresó el pasado 10 de diciembre.

La propuesta de la junta de tratamiento es clasificar a Reboredo como un interno de segundo grado, lo que significa su permanencia en el centro hasta la próxima revisión de esta categoría, que según el reglamento penitenciario debe hacerse antes de seis meses; salvo que esta primera propuesta de la junta sea desestimada por Instituciones Penitenciarias y le otorge directamente el tercer grado.

La concesión de este régimen de semilibertad permitiría al recluso trasladarse al Centro de Inserción Social de Vigo "Carmen Avendaño" (ubicado en la avenida de Madrid), a donde solo acudiría a dormir de lunes a viernes y gozaría además de algún fin de semana libre.

En ese caso, Reboredo podría distribuir las horas diurnas entre el Programa de Formación e Integración Social de las organizaciones de reinserción y el centro Imán-Cedro, donde antes de la ratificación de su condena ejercía como interlocutor para la desintoxicación de otros drogodependientes.

Hasta ese momento, los grupos de apoyo a la causa de David Reboredo se comprometen a mantener la presión social.

Por otra parte, y como vía independiente a la solicitud del tercer grado, continúa la petición de indulto para el extoxicómano. Esa opción cuenta con el apoyo unánime de la Corporación y colectivos locales y ya se elevó, tanto al Ministerio de Justicia como a la Casa Real. La decisión final deberá adoptarla el Consejo de Ministros.