Los juzgados de Primera Instancia dictaminaron en los nueve primeros meses del año hasta 438 órdenes de desahucio en el partido judicial de Vigo. Así, en los cuatro municipios que abarca -además del vigués, Gondomar, Nigrán y Baiona-, se registran una media de once nuevos casos a la semana.

Los datos son del Servicio Común de Notificación, que se encarga de comunicar estas resoluciones a los afectados. Entre ellos se encuentran todos aquellos que han perdido su negocio o su vivienda -o incluso las dos cosas a la vez- por no haber podido hacer frente a los pagos del alquiler o la hipoteca. En Galicia son 3.037 los gallegos que sufrieron esta situación solo en el primer semestre del año, mientras que en el conjunto del Estado, las autoridades judiciales proceden al desalojo de una media de 500 inmuebles al día -94.500 casos hasta el pasado mes de junio, según los datos del Consejo General del Poder Judicial-.

Los casos más sangrantes son los de aquellas familias que se quedan sin el único techo que los cobija y la situación de deuda que todavía los ata a las entidades los condena a "la marginación social o incluso al suicidio", denuncian desde la plataforma Stop Desahucios de Vigo, Mos y Baixo Miño. Este colectivo inició su andadura en Tui, con el caso de Edurne Bastos, la primera gallega en llegar a un acuerdo con una entidad bancaria para evitar su desalojo a cambio de pagar un alquiler por vivir en su casa embargada. El caso se cerró el pasado mes de enero, cuando la plataforma ya tenía entre manos otro de un joven vigués. Hoy colabora en más de diez.

A pesar del rápido incremento en el número de personas que ahora recurren a ellos, todavía son muy pocos en comparación a los desahucios existentes en el área. "La gente es muy reticente a hacerlo público. Es un drama silencioso", explica Ana Gómez, una de las diez colaboradoras de la organización. Lo atribuye al carácter de los gallegos y cuenta que incluso hay quien le dice a los vecinos que se cambia de casa cuando lo desalojan.

No hay un perfil tipo que caracterice a los afectados. "Hay de todo. Desde gente joven y soltera, hasta personas mayores que sirven como avalistas, pasando por familias con hijos o divorciados a los que ya no les alcanza para pagar las pensiones de sus hijos", describe. Lo que en casi todas las ocasiones une a estas personas es su condición de parados .

Con una demora de tres meses en el pago del crédito de un inmueble o negocio, una entidad ya puede acudir al juzgado y solicitar una ejecución hipotecaria. Si el denunciado no puede hacer frente al pago que se le reclama -que puede llegar al montante total de lo prestado- se llega a la subasta de la propiedad, normalmente, por un valor muy inferior al que fue tasada para la concesión del crédito. El siguiente paso es el desahucio. "La persona, sin casa, todavía debe la diferencia entre la hipoteca y en lo que se subastó la casa, más intereses de demora y las costas del juicio. Se hace una bola de nieve y le quedas debiendo al banco casi tanto como le pediste", sostiene Ana.

Cuando alguien pide su ayuda, la plataforma les ofrece información y acompañamiento a los juzgados, a los centros de asistencia social y a las reuniones con el banco. Si esto no funciona, pasan al siguiente nivel: la movilización. "Si su casa aún no se ha subastado, hay margen de maniobra; se pueden negociar plazos. Si ya está embargada, se pide la dación en pago", cuenta.

Gómez no entiende como la mayoría de los concellos no cuentan con una oficina de mediación en estos casos. "Al final, si esa gente se queda en la calle, el problema va a ser para el Ayuntamiento", argumenta. La plataforma reclama un cambio profundo en la Ley Hipotecaria en el que, entre otras cosas, se recoja la dación en pago en la vivienda habitual. "No podemos permitir que en España haya un desahucio cada ocho minutos", concluye.