Siete años de eterna espera finalizarán el próximo 13 de noviembre para 63 de los afectados por la construcción del vial de enlace entre el segundo cinturón y el polígono de Balaídos. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras ya ha citado a cada uno de los propietarios para que en la hora y el día señalado acudan a recibir el dinero que estaba pendiente de cobro desde que el Jurado de Expropiación de Galicia resolvió cada caso en julio de 2010.

Será en total un millón de euros (999.272,33 euros) los que tendrá que abonar la administración para cerrar definitivamente el expediente expropiatorio que se abrió hace ya casi ocho años, en febrero de 2005. El ingeniero técnico Roberto Ocampo, que ha representado a los afectados durante el proceso, lamenta que "la administración vaya tan lenta" a la hora de responder a los pagos, especialmente en momentos tan complicados económicamente para muchos de los propietarios.

"Tan solo habían cobrado parte de las actas de ocupación, pero esas cantidades eran un porcentaje mínimo del valor de sus fincas", explica Roberto Ocampo. Casi un centenar de dueños decidieron no aceptar en su día los precios que les ofrecían y recurrieron al justiprecio. Cinco años tardó en pronunciarse el Jurado de Expropiación y, ahora, otros dos en ser pagados.

De cualquier manera, no será el fin del proceso de las expropiaciones que se llevaron a cabo en la zona de Balsa -parroquia de Matamá- para construir un enlace directo desde la VG-20 (segundo cinturón) con la planta de PSA Peugeot-Citroën. Otros ocho propietarios no han aceptado tampoco la resolución del justiprecio y han acudido a un contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Los recursos han sido admitidos a trámite y será el tribunal gallego el que dirima finalmente si el precio que se debe pagar por los terrenos es mayor del ofrecido a los dueños.

El vial, de cuatro carriles, mide poco más de un kilómetro de longitud y en su día la inversión (7,1 millones de euros) fue asumida por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo para facilitar la llegada de vehículos pesados a la factoría de PSA y retirarlos de las calles de Vigo. La obra finalizó en agosto de 2007 y un mes después era inaugurada por la entonces conselleira María José Caride y el delegado del Estado en la Zona Franca, Francisco López Peña.