El gobierno local aprobará la próxima semana el plan financiero mediante el que compensará con cinco millones de euros y una prórroga de la concesión hasta los 60 años –25 más que la fijada en el contrato– a la adjudicataria del Auditorio Mar de Vigo por el desequilibrio económico que supuso el sustancial recorte en el tamaño del edificio. La rebaja afectó esencialmente a la parte comercial y por tanto a los ingresos privados a lo largo del periodo de explotación.

El interventor municipal, Luis García, ha dado vía libre a los cambios al considerar ajustada a derecho tanto la inyección económica a la empresa como la ampliación del plazo, y avala que los fondos se obtengan a través de una aportación de la Xunta que iba destinada a la obra del Auditorio pero que se ahorró por la baja que ofertó la adjudicataria, precisamente de cinco millones. El Concello llegó a ingresar la partida y la liberará para compensar a la empresa, una alianza liderada por Sacyr y Novagalicia.

El alto funcionario del Concello incide en un largo informe de 18 páginas, clave en el expediente de modificación del contrato, que hubo "una manifiesta ausencia de rigor" en los costes fijados en el anteproyecto y en el plan de viabilidad del concurso. Cuando la adjudicataria presentó el proyecto básico se manifestó un sobrecoste del 75%, lo que provocaba "una imposibilidad técnica-presupuestaria insalvable". El gobierno local aprobó un nuevo proyecto constructivo en 2008 que rebajaba prácticamente a la mitad la superficie del Auditorio para ajustar el precio al de adjudicación. En aquel momento también autorizó un plan financiero (PEF) provisional con las compensaciones a la empresa. El PEF se hace ahora definitivo con algunos cambios: de 4,95 millones se pasa a 5, y se pagará de una tacada en vez de en tres anualidades.

El acuerdo de financiación del Auditorio incluía una contribución pública de 30.570.000 euros, de los que la Xunta comprometía 18.570.000 y el Concello 12.000.000. El resto corría a cargo de la concesionaria, a la que se adjudicó la obra por 85 millones pero que ofreció rebajar la aportación de las administraciones en 5 millones. El interventor municipal señala que la utilización de la partida de la Xunta es ajustada a derecho ya que no existe un criterio de reparto del coste entre las administraciones por porcentaje. La Administración autonómica "financia un importe con una cuantía fija", reseña su informe. En virtud del convenio "el Ayuntamiento aplicaría la financiación autonómica y se haría cargo de los restantes recursos hasta completar la ejecución efectiva del proyecto".

"Poco rigor" en los estudios de costes y viabilidad del concurso

A lo largo de su análisis sobre la modificación del contrato el interventor se muestra crítico con los cálculos de costes y viabilidad que se utilizaron como base para licitar la obra. "Queda claro, explícito y comprobado, de acuerdo a todos los informes, que el desequilibrio solo se asocia a los actos preparatorios del expediente, errores del anteproyecto, plan de viabilidad y plan económico financiero sustanciado en documentos poco rigurosos", indica.

El funcionario señala además que los precios que figuraban en el anteproyecto "nada tienen que ver con la realidad de las obras que contempla el proyecto constructivo", y llega a considerar que "si no fuese por los perjuicios que causaría al Ayuntamiento se debería resolver y liquidar el contrato por las desviaciones económicas que afloraban entre la oferta con el anteproyecto y el proyecto constructivo, que a todas luces lo hacía inviable". Luis García apunta que cuando se aprobó el plan provisional con las compensaciones en 2008 se omitió la fiscalización de intervención y se generaron unos derechos a la empresa, aunque matiza que existía crédito "adecuado y suficiente" y apunta que es "obligatorio restablecer el equilibrio económico financiero de la concesión".