La segunda reunión de la comisión de seguimiento del convenio marco para la construcción del hospital integrada por Xunta y Concello terminó ayer igual que empezó: sin acuerdo. El Ayuntamiento ratificó su rechazo a costear los servicios básicos de la nueva infraestructura (sobre 5 millones de euros) alegando que el convenio es "lesivo" para Vigo y que se trata de una "competencia única de la administración autonómica". El Sergas insiste que fue un "compromiso adquirido por el Concello" (el documento se firmó en 2006 entre la exalcaldesa Corina Porro y el bipartito PSOE-BNG) y le avisa que irá a los tribunales. "Una vez que se reciba formalmente la negativa del Concello de Vigo a cumplir con sus obligaciones recogidas en el convenio marco, la Administración sanitaria gallega actuará en consecuencia, emprendiendo las acciones judiciales que estime oportunas", avisan.
En representación del gobierno local acudieron a la reunión el segundo teniente de alcalde, Carlos López Font, y el edil de Fomento, David Regades. "El convenio para la construcción del hospital firmado hace seis años entre el Concello y la Xunta es, en primer lugar, de dudosa legalidad, ya que carece de memoria justificativa y de dotación presupuestaria para su desarrollo", dicen.
Ante la postura encontrada entre ambas partes todo apunta a que este conflicto está condenado a una judicialización. En este caso cabrían dos posibilidades; o que se presente un denuncia ante los juzgados antes de que culmine la obra, o que la Consellería de Sanidade finalice la construcción del hospital y emprenda entonces acciones legales para reclamar al Concello la inversión en los servicios básicos.
El gobierno local puso incluso en duda ayer que la Xunta tenga fondos suficientes para ejecutar la obra, cuya puesta en marcha está prevista para el primer semestre de 2014. "Lleva seis años sin mostrar ningún interés por el convenio, lo que nos lleva a pensar que todo esto es una maniobra para ocultar algo, como la falta de financiación", considera.
El alcalde, Abel Caballero, trasladó ya su intención de denunciar el convenio. En este sentido, los representantes de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde, encabezados por el secretario xeral técnico, Antonio Fernández-Campa, reclamaron ayer a los dos ediles socialistas que el gobierno local lo manifieste "formalmente" y "por los cauces debidos". "Esta comisión no es el organismo procedente para tal fin, ya que se trata de un órgano de seguimiento y control", sentenciaron.
Pese al desencuentro, el Sergas solicitó ayer al Concello que lleve a cabo los trámites necesarios para ejecutar una segunda subestación eléctrica entre los que se encuentra –aseguran– la cesión de terrenos. "Servirá para dar servicio, además de al propio hospital, a otras infraestructuras de la ciudad", afirman. En todo caso, Sanidade mantiene que continuará con la obra "para evitar que se produzcan retrasos".
