Casto García Velado está desde hace cuatro años al frente de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la comisaría de la Policía Nacional de Vigo, grupo cuya demarcación territorial comprende la ciudad olívica y otros 24 municipios del sur de la provincia pontevedresa. Este inspector es uno de los expertos que imparte un curso sobre seguridad privada organizado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y que comenzó ayer en Chapela (Redondela) con la asistencia de 60 agentes.

– El de Seguridad Privada es uno de los grupos menos conocidos de los que funcionan en la Policía Nacional, ¿su cometido?

– Es cierto que somos los grandes desconocidos. Una de nuestras funciones es la tramitación de todo tipo de documentación relacionada con la seguridad privada y que se presenta en esta unidad, tanto para habilitarse como personal de seguridad como para obtener autorización del Ministerio del Interior como empresa de seguridad. En la parte operativa, además de la inspección de empresas y servicios de seguridad, tenemos encomendada también la inspección de aquellos establecimientos que están obligados a tener medidas de seguridad y que solicitan su apertura. También hacemos controles de forma posterior para ver si se mantienen estas medidas.

– ¿Qué establecimientos deben tener seguridad?

– Son bancos, joyerías, estaciones de servicio, farmacias, administraciones de lotería... También los establecimientos de compraventa de oro y, como anécdota, es destacable el aumento brutal en el número de estos negocios debido a la crisis. Si hace tres años se contaban con los dedos de una mano, actualmente en Vigo hay 58 establecimientos y en toda la demarcación territorial, 75 [31 de ellos abiertos en 2011]. En algunos casos es gente del sur de España, de lugares como Málaga o Cádiz..., los que vienen a abrir estos negocios. Y el ritmo continúa siendo alto, ya que como media cada 10 o 15 días seguimos inspeccionando la apertura de nuevos locales. Además, ninguna ha cerrado. Frente al incremento de estos locales, notamos que han cerrado por ejemplo algunas entidades bancarias, sobre todo a raíz de las fusiones. Igual que cuando abren, deben comunicarnos cuando cierran.

– ¿A qué medidas están obligados estos establecimientos de compraventa de oro?

– Son los mismos requisitos que se le exigen a las joyerías. Básicamente un sistema electrónico de alarma de grado ´3´ conectado con una central receptora, una caja fuerte y grados de seguridad concretos en los cristales exteriores [cristales antibalas].

– ¿Cuántas denuncias elevó su unidad en 2011 a la Subdelegación del Gobierno para la imposición de sanciones?

– Hubo 31 contra empresas de seguridad y otras 15 contra establecimientos obligados a tener medidas y que incurrieron en alguna infracción a la normativa. Lo más grave que detectamos es el intrusismo que existe en la seguridad privada, es la gran lacra del sector: personal y empresas que realizan estas funciones y no están habilitados. Para combatir el intrusismo solemos hacer inspecciones en horario nocturno en polígonos industriales, empresas, obras... La mayoría de los casos donde detectamos a personal ejerciendo de vigilante de seguridad pese a no contar con la autorización ni él ni su empresa son en obras de construcción.

– El pasado 2011 se aprobaron seis nuevas órdenes ministeriales, una sobre sistemas de alarma, y en el horizonte está la posible aprobación de una nueva ley de seguridad privada. Al margen de estas importantes novedades, ¿hacia dónde camina el sector?

– El futuro del sector está en su internacionalización.