El Concello de Vigo no pagará las acometidas de agua, luz y gas del nuevo hospital. El grupo socialista y el nacionalista sumaron ayer sus votos en el pleno municipal para denunciar el convenio de 2006 en el que el Concello asumía estos servicios. Mientras el PSOE presentaba una moción que incluía esta denuncia y que pedía "acceso público al proyecto de ejecución y a los recursos disponibles", el BNG realizaba otra muy similar que insistía en que el hospital fuese "centro de referencia del área y que sea público". Ambas iniciativas fueron aprobadas pese al rechazo del PP, que considera que es una infraestructura pública.
El citado convenio fue firmado en el año 2006 por la entonces alcaldesa Corina Porro y el gobierno bipartito, y obligaba al Concello a invertir cinco millones de euros en dotar a la parcela de red de saneamiento y abastecimiento, gas, fibra óptica y una nueva subestación eléctrica. PSOE y BNG alegaron en el Pleno de ayer que el documento ya no es válido porque "las reglas del juego han cambiado", en referencia al sistema de financiación, que según indican, lo convierte en privado. "El convenio de Porro se adaptaba a un modelo público que se había previsto y la Xunta lo ha roto unilateralmente", denunció Cayetano Rodríguez, concejal socialista y quien asegura que el actual modelo de financiación "es el que se desaconseja en estos momentos". "No estamos dispuestos a que se regale ese dinero a una empresa privada", añadió el portavoz nacionalista Santiago Domínguez. "No es sustancial que los ciudadanos tengamos que pagar más de 1.000 millones de euros a una empresa porque privatizan el nuevo hospital", destacó Domínguez.
El Partido Popular mostró en el Pleno su malestar por la moción porque considera que con ella "se pretende retrasar el avance de la obra". "Todas las autonomías utilizan el sistema concesional por las ventajas que reporta, entre ellas el adelantamiento del proyecto", le recriminó la edil Teresa Cendón, quien acusó a Cayetano Rodríguez de "retrasar durante años el nuevo hospital" mientras fue secretario general del Sergas. Además, el PP presentó una enmienda no admitida "para que el Concello cumpla con su parte y lleve la urbanización a la obra final". Por otro lado, el diputado Miguel Santalices no descartaba ayer la posibilidad de que la Xunta lleve al Concello ante los tribunales. "Es una noticia muy mala que se ampara en una cobardía política porque el día 8 se iba a realizar una reunión de seguimiento en la que un edil nos iba a informar de este tema", decía indignado. "Roza un comportamiento propio de matones políticos y ponen en peligro la continuidad de la obra", explicaba Santalices, quien calificó la postura del BNG de "ruindad política".
El PP presentó una moción pidiendo que el Concello se hiciese cargo también de las acometidas del centro de día de Valladares. Esta fue aprobada con los votos del BNG. El PSOE votó en contra porque considera que el acuerdo era que el Concello ponía la parcela y la Xunta se hacía cargo de los servicios.
Sanidade cita al Concello para el seguimiento de las obras
El pasado viernes la Consellería de Sanidade envió un escrito al Concello de Vigo para convocarlo a una reunión de la comisión de seguimiento de las obras del nuevo hospital, que tendrá lugar el próximo día 8 de mayo, a la una y media de la tarde, en el edificio administrativo del Sergas, en San Lázaro (Santiago).
La convocatoria llegó horas antes de que el Pleno denunciase el convenio de 2006 por el cual el gobierno local se comprometía a dotar al edificio de servicios básicos para su funcionamiento.
La cita tiene por objeto analizar la ejecución de la obra hasta el momento y los plazos de futuro estimados; la previsión de necesidades de ejecución de infraestructuras urbanísticas precisas, así como ratificar las actas y acuerdos de las comisiones anteriores. De la última, el 17 de febrero, la Xunta salió dando por hecho que el Concello pagaría los servicios y este rechazando de plano ese gasto.
A la comisión de seguimiento fueron citados, además del alcalde y el concejal de Urbanismo, el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, la secretaria xeral de dicha consellería, el gerente del Servicio Galego de Saúde, el director de Recursos Económicos del Sergas y el secretario xeral técnico de Sanidade.
Una familia al borde del desahucio por impago de la hipoteca solicita ayuda al gobierno local
La plataforma "STOP desahucios" interrumpió varias veces el desarrollo del Pleno para denunciar el inminente de desalojo de una familia que vive en el alto de San Cosme (Mos), pero que está censada en Vigo. Entre la decena de miembros se encontraban los propios afectados, Jesús y Clara Fervenza, que deben abandonar su hogar este mismo viernes. "En 2007 compramos la vivienda pero no podemos hacer frente al pago de la hipoteca porque mi marido se ha quedado sin empleo", relata Clara. Su sueldo mensual de 528 euros en un trabajo de medio jornada es el que permite que la pareja atienda a sus dos hijas, una de ellas menor. "Acabamos de presentar un escrito en el juzgado para que nos permitan que la niña finalice el curso escolar antes de que se ejecute el desahucio", explica.
La plataforma trató de intervenir en el Pleno pero finalmente no se le permitió porque presentaron la moción en nombre del "partido ciudadano demos el cambio" –el reglamento lo impide si se trata de un partido–. Al finalizar se reunieron con la concejala de Benestar, Isaura Abelairas, quien ya solicitó para ellos un alquiler social –tal y como demandaban– al mismo tiempo que se puso en contacto con la entidad bancaria "para que cooperen directamente con la familia".
La plataforma se concentró a mediodía frente al Banco Popular, con quien se selló la hipoteca de 143.000 euros –la casa había sido tasada en 186.000 euros–. Clara Fervenza explica que no pueden optar a la dación en pago porque el banco ya ha subastado la vivienda y se la ha quedado "por el 50 por ciento" --el valor de tasación sólo llegó a los 78.000 euros–.
El PP exige que se habiliten puntos limpios en la ciudad
El Partido Popular presentó una moción instando al Concello a que habilite terrenos para la puesta en marcha de puntos limpios en la ciudad. Esta fue aprobada con los votos a favor del BNG y la abstención del PSOE. Los socialistas alegaron que "primero se tienen que desarrollar los Planes Especiales de Reforma Interior (Peri), que son privados". "Hay un punto limpio móvil a domicilio en toda la ciudad", sostuvo el socialista Ángel Rivas mientras el PP lo negaba. "¿Dónde deposita usted los termómetros de mercurio?", le lanzó la "popular" Teresa Cendón. "Vigo necesita un punto limpio, no toda la política medioambiental tiene que ser perseguir gaviotas, que ya hay demasiadas", ironizó el nacionalista Xabier Alonso.
