Teresa Pedrosa recibió ayer el respaldo unánime del pleno de Zona Franca a la batalla judicial que la nueva delegada ha decidido emprender para evitar el pago de 15 millones a un empresario minero, como así obliga una sentencia del Tribunal Supremo. A Pedrosa le bastó la exposición, completada por el abogado del Estado, de las graves consecuencias que tendría para el consorcio el desembolso de esa millonaria cantidad para convencer a los miembros de la necesidad "de intentar todas las vías legales posibles".

El Supremo admitió en su totalidad el recurso presentado por José Jaime Gradín, un conocido empresario de Porriño, contra una sentencia previa del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que sí había avalado la decisión adoptada en su día por Zona Franca de anular la construcción de un polígono industrial en Salceda.

La historia se remonta al año 2003, cuando el entonces delegado del consorcio, Pablo Egerique, firma un contrato de compra-venta de los derechos mineros en los terrenos de ese polígono propiedad de Gradín que establecía, además del pago previo de casi dos millones de euros, otros igual de millonarios "en especies" a través de la entrega de 156.000 m2 de suelo ya urbanizado en el parque proyectado. Cuando el ente estatal cambia de responsable, Francisco López Peña decide anular dicho contrato al considerar desorbitado el precio pagado por las concesiones mineras.

Ante el inesperado pronunciamiento del Supremo, Zona Franca debe actuar con rapidez. Sus servicios jurídicos ya presentaron ante la alta instancia judicial un recurso de nulidad de actuaciones en el que piden que la sala de Conflictos de Compentencias del Tribunal Supremo se pronuncie sobre qué vía debe seguirse para juzgar este caso. Como reveló FARO el pasado lunes, la interpretación del Consorcio es que este litigio "empezó por lo civil y después pasó a la contencioso-administrativa. Solicitamos que se anule la sentencia y se determine cuál es la correcta", agregaron fuentes del organismo con sede en Bouzas.

En el pleno de ayer, el abogado del Estado no ocultó la complejidad del asunto y tampoco se pronunció abiertamente sobre las posibilidades de éxito del escrito dirigido al Supremo. En cualquier caso, aprovechando la presentación del informe de gestión del año pasado, Teresa Pedrosa, tras enfatizar el saldo positivo, reconoció la reserva de esos 15 millones de euros si fracasa la batalla judicial.

Otro de los asuntos abordados en el primer pleno de Pedrosa como delegada fue la formalización de la "cesión catastral" a la Xunta del Museo del Mar y de la finca anexa.