La aprobación de la Ley del Área Metropolitana provoca en la mayoría de los alcaldes de los 14 ayuntamientos (todos gobernados por el PP salvo tres) una reacción nada entusiasta y muy condicionada por el partido al que pertenecen.

En la comarca de Louriña, en manos del PP, ninguno de sus regidores tienen dudas de la viabilidad de la futura Área Metropolitana. A pesar de que la crisis asfixia a sus municipios, la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, no ve ningún problema para aportar recursos al nuevo ente. "En el momento en que entre en funcionamiento habrá que ver dónde se puede llegar, según los servicios, necesidades y recursos de cada ayuntamiento", razona. Su homólogo en Porriño, Nelson Santos, opina igual: "En principio sí podríamos aportar recursos, porque las aportaciones que hagamos corresponderán a servicios que ya prestamos y serán transferidos al área".

Respecto a la presidencia del Área para Vigo, la alcaldesa mosense dice que "el camino para elegirla deber ser el consenso, sin imposición de ninguna de las dos partes". En similares términos se expresa su compañero porriñés, para quien la sede del Área debe estar en Vigo "pero el presidente debe ser la persona que elija la Junta de Gobierno y la ratifique el Pleno, sin imposiciones". Ambos lamentan la falta de consenso, "y la culpa es del BNG y PSOE", agrega Arévalo.

El alcalde de Salvaterra, Arturo Grandal (PP), defiende una "presidencia profesional". Y en este sentido propone que la ostente un "concejal con dedicación exclusiva. Porque un alcalde no tiene tiempo". También cree que mejorará la vida de los ciudadanos y que abaratará los servicios "al realizarse de forma conjunta". Pero en este sentido alerta de que "hay que evitar crear un monstruo con muchos funcionarios y gastos superfluos".

El Val Miñor es otra de la comarca donde sus alcaldes, todos del PP, sintonizan con lo aprobado en el Parlamento. Como el regidor de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, quien atribuye las críticas de la oposición a la proximidad de las elecciones autonómicas, "por lo que algunos partidos no quieren sumarse a lo que en su día defendieron". Para Alberto Valverde, alcalde de Nigrán, la ruptura del consenso obedece a un "encaprichamiento" del regidor vigués, al que por cierto, el de Gondomar, Fernando Guitián, defiende como presidente del Área. "La ley dice que cualquier alcalde puede ser el presidente, pero parece lógico, por población, y dimensión, que será el de Vigo. La ciudad debe ser el motor, la referencia", enfatiza.

Además de las "enormes mejoras" que generará para la ciudadanía, el alcalde de Baiona asegura que "la gestión conjunta de los servicios los abaratará". En este sentido, Alberto Valverde, insiste en que hay que velar "porque no haya ni duplicidades ni incremento de costes".

Para el regidor de Redondela, Javier Bas (PP), su partido ha hecho "un esfuerzo notable" en la negociación de la ley "para incorporar sugerencias procedentes del resto de los grupos políticos" mientras que "BNG y PSOE se centraron en un discurso partidista, anteponiendo el debate de nombres y cargos a las necesidades de la ciudadanía". Su homólogo en Soutomaior, Agustín Reguera (PP), opina lo mismo: "A veces los consensos son difíciles por falta de voluntad. El PP aceptó muchas de las sugerencias de la oposición, pero votaron en contra. Pese a ello sigue vigente el espíritu de la Declaración de Soutomaior en 1999, donde ya se recogían las competencias del Área y hubo consenso".

A diferencia de sus compañeros de partido, el alcalde de Pazos del Borbén (PP), Andrés Iglesias, no puede garantizar la aportación de fondos al Área, al menos, expresa sus dudas. "Depende lo que toque aportar. Está claro que se necesitarán recursos de otras administraciones".

En la única comarca gobernada por el PP donde no hay una postura unánime de defensa de la ley aprobada es en O Morrazo. El regidor moañés, José Fervenza, está convencido del ahorro que supondrá la gestión conjunta de servicios. Incluso afirma que la aportación que deberá hacer su municipio "será inferior a un euro por habitante, por lo que Moaña pagará algo menos de 20.000 euros". Su compañero de partido y homólogo en Cangas, José Enrique Sotelo, elude entrar en detalles. "Como ciudadano y alcalde de este municipio quiero lo mejor para Cangas, que no es un barrio de nadie. Y ahora tiene otros problemas más graves que solucionar", recalca.

Los dos únicos regidores del área, además del de Vigo, que pertenecen a un partido que no es el PP mantienen posturas diferentes. Para el alcalde de Fornelos de Montes, Emiliano Lage (PSOE), el regidor vigués debe presidir el Área "siempre y sea del color político que sea". Al alcalde de Salceda de Caselas, Marcos Besada (BNG), le preocupa que la ley nazca sin consenso. "Está impuesta por la Xunta y el PP. ¡Mal empezamos!", alerta.